VALÈNCIA, 26 Oct. — La Fiscalía Provincial de Valencia ha registrado un alarmante aumento en los delitos de odio motivados por la aporofobia, que se refiere al rechazo o animadversión hacia las personas en situación de pobreza o desamparo. Este fenómeno ha evolucionado de ser meras diligencias a convertirse en procedimientos judiciales más formales. Además, están surgiendo más investigaciones relacionadas con el antisemitismo, especialmente en el contexto de la reciente guerra en Gaza.

Los hallazgos provienen de la memoria anual de la Fiscalía de Valencia, particularmente del departamento de odio y discriminación, dirigido por la fiscal Susana Gisbert, a la que tuvo acceso Europa Press.

Para el año 2024, se contabilizó un total de 152 diligencias penales abiertas en la sección de delitos de odio, de las cuales 39 fueron archivadas, 20 resultaron en denuncias, y 93 se remitieron a los juzgados o a otros órganos. Dentro de estas, 17 se procesaron como delitos de incitación al odio, la mayoría de los cuales tuvieron lugar en plataformas digitales.

Asimismo, se iniciaron 110 diligencias por delitos de odio que implican humillación, abarcando casos de lesiones y amenazas. También se documentaron seis diligencias por negación de prestaciones y dos por delitos contra la integridad moral con agravantes. En total, 15 casos se relacionaron con diversos delitos como robo, coacciones y tenencia ilegal de armas, además de una diligencia por revelación de secretos.

En continuidad con las tendencias del año pasado, una parte significativa de las diligencias se derivaron de discriminación por razones de raza y xenofobia, incluyendo la islamofobia, que alcanzó 79 casos. La LGTBIfobia también se mantuvo como un problema destacado, con 43 diligencias, una de ellas en combinación con xenofobia.

En cuanto a otras motivaciones, se abrieron siete diligencias por motivos ideológicos, cinco por discapacidad y cuatro relacionadas con género, incluyendo un caso de edadismo, lo que representa un notable aumento respecto al año anterior.

La aporofobia, reconocida en el Código Penal desde 2021, ha comenzado a ser denunciada, aunque de forma limitada, con solo tres diligencias. Según Gisbert, este tipo de discriminación es una de las menos comprendidas socialmente, lo cual representa un gran reto dado que muchas personas no están familiarizadas con el término, acuñado por la filósofa Adela Cortina.

La fiscal subrayó la preocupante realidad de que muchas víctimas en situación de vulnerabilidad, como quienes viven en la calle, a menudo no denuncian los abusos que sufren. “Si no tienen una red de apoyo, es prácticamente imposible que se atrevan a dar el paso de denunciar”, afirmó. Por ello, Gisbert destacó la urgencia de que quienes sean testigos de tales actos asuman la responsabilidad de informar a las autoridades.

Además, la fiscal hizo un llamamiento a la sociedad para que tome conciencia de la importancia de denunciar la aporofobia y no voltear la mirada ante estas situaciones. “Cada quien que sea testigo de un acto de este tipo debe hacerlo evidente ante quien corresponda”, insistió.

El crecimiento de las redes sociales ha complicado aún más la lucha contra la aporofobia, según Gisbert, ya que muchas veces los actos de odio se graban y se difunden con el objetivo de burlarse de las víctimas, lo que agrava el daño infligido.

Por otro lado, la memoria revela un crecimiento en los casos de antisemitismo, particularmente alimentados por los acontecimientos en Gaza. Gisbert advirtió que la guerra ha generado una identificación errónea entre el Estado de Israel y la comunidad judía, lo que alimenta el rechazo social.

A pesar de que el antigitanismo ha sido reconocido explícitamente en el Código Penal, su incidencia sigue siendo mínima, reflejándose en una única diligencia registrada. La discriminación por motivos religiosos también dejó su huella, sumando dos diligencias, así como un caso de discriminación lingüística que no se encuentra tipificada en la ley penal.

En cuanto a la localización de los delitos, 27 diligencias se registraron por hechos ocurridos en Internet o en redes sociales, incluyendo cuatro en contextos deportivos. De las 122 restantes, la mayoría se dio en espacios físicos.

La memoria también resalta carencias en la Fiscalía, como la falta de personal especializado en la sección de delitos de odio, así como de un sistema informático adecuado que permita un registro efectivo. Se espera que la implementación de la nueva herramienta Just@ Ayude a resolver estos problemas.

Dentro de las recomendaciones expuestas, se destaca la necesidad de establecer medidas de protección más robustas para las víctimas de delitos de odio, similar a las que reciben las víctimas de violencia de género. Esto es esencial para atender a grupos particularmente vulnerables, como las personas afectadas por aporofobia o migrantes.

Se urge a promover encuentros sectoriales entre diferentes secciones sobre delitos de odio y fomentar el intercambio de información entre fiscales dentro de la misma comunidad autónoma. También se plantea la necesidad de regular medidas de alejamiento por delitos vinculados al artículo 510, prohibiendo además el acceso a las redes sociales donde ocurrieron las infracciones.

Igualmente, es crucial simplificar el proceso de detección de estos procedimientos dentro de la fiscalía, de modo que no dependan únicamente de la iniciativa de los fiscalizadores. SeS considera esencial legislar para garantizar que cualquier suspensión de penas esté condicionada a la realización de un curso sobre igualdad, evitando que decisiones arbitrarias de la Sala puedan ignorar esta obligación.

Gisbert concluyó que el 2024 ha sido un año tanto positivo como negativo en el ámbito de los delitos de odio, con un elevado número de procedimientos y un alto índice de condenas superiores al 90%. Sin embargo, resaltó que el aumento de las estadísticas también puede ser reflejo de una mayor concienciación y disposición a denunciar estos actos. Para el nuevo ejercicio, la fiscal espera continuar trabajando en la línea trazada.