VALÈNCIA, 11 de noviembre.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha recibido una querella contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, presentada por la organización Iustitia Europa. Esta acción legal se enmarca en las controversias relacionadas con la gestión de la DANA, que hasta el momento ha dejado un trágico saldo de 214 vidas perdidas.

El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala ha hecho un llamamiento a los querellantes para que, en un plazo de diez días, completan el apoderamiento que se presentó junto a la querella. Esta diligencia es imprescindible, según lo indicado por el TSJCV en un comunicado oficial, dado que el poder inicialmente aportado es de carácter genérico.

De acuerdo al artículo 277.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se requiere que el apoderamiento presentado sea "concreto", es decir, debe ser un poder especial que haga referencia a un hecho punible específico, detallando las personas a las que se dirige la acción. Este requisito es fundamental para la correcta tramitación del caso.

Una vez que se complete este procedimiento, el TSJCV deberá remitir la querella al Ministerio Fiscal para que emita su opinión antes de decidir sobre la competencia del tribunal valenciano y sobre la admisión o no de la querella a trámite.

Iustitia Europa ha justificado la presentación de la querella basándose en acusaciones de "prevaricación omisiva, omisión del deber de socorro y homicidio por imprudencia grave". En su denuncia, la organización critica a Mazón por lo que califica como un "abandono absoluto" en la gestión de las situaciones de emergencia generadas por la DANA, describiendo una "cadena de fallos y omisiones flagrantes" en su actuar.

Además, la querella argumenta que Mazón "desoyó la gravedad de la DANA" y las oportunidades de preparación que ofrecía el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Valenciana (Patricova), un protocolo creado para actuar en desastres de esta magnitud.

La organización también señala que, a pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había emitido alertas de lluvias torrenciales y riesgo extremo desde el 24 de octubre, el presidente de la Comunidad Valenciana "no pidió la intervención de la UME hasta que las inundaciones ya habían comenzado". Critican la omisión de la ley de protección civil, la falta de solicitud del estado de alarma y afirman que, en sus comparecencias públicas, Mazón subestimó los riesgos, dejando a la ciudadanía en una situación de alta vulnerabilidad.