VALÈNCIA, 8 de enero. Un trágico suceso que marcó a la comunidad de Campanar en València ha llevado al Juzgado de Instrucción número 9 a tomar medidas en su investigación. El incendio que tuvo lugar el 22 de febrero de 2024 no solo costó la vida a diez personas, sino que también dejó a cientos de familias sin hogar, y las repercusiones de esta catástrofe todavía resuenan en la memoria colectiva de la zona.

En este contexto, el tribunal ha solicitado formalmente a los servicios de emergencia que preserven todos los registros, llamadas y comunicaciones recibidas durante aquel fatídico día. De acuerdo con una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha atendido las demandas de las partes implicadas en el proceso judicial y ha decidido remitir un oficio a los servicios de emergencias --incluyendo el 112, 091 y 062-- solicitando la conservación de toda la documentación pertinente, así como las interacciones que ellos mismos mantuvieron con las fuerzas de seguridad, bomberos y Protección Civil en relación al incendio en los bloques ubicados en la calle Rafael Alberti, 2.

El magistrado ha fundamentado esta solicitud en la normativa que establece el artículo 5 de la Ley 25/2007, la cual regula la conservación de datos relacionados con las comunicaciones electrónicas y las redes públicas. Esta legislación requiere que los datos sean conservados durante un plazo de 12 meses, lo que podría facilitar que el juzgado demande dichas grabaciones en caso de que se considere necesario para esclarecer los hechos en la investigación.

Además, el juez ha decidido que, en un paso hacia la aclaración de lo ocurrido, un suboficial del servicio de bomberos, relacionado con la comunicación surgida desde su departamento de Prevención e Intervención en Emergencias y Protección Civil, deberá comparecer como testigo ante el tribunal el próximo 13 de enero. Este procedimiento es parte de los esfuerzos continuos por entender las circunstancias que rodearon el desastre y buscar justicia para las víctimas y sus familias.