La magistrada de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha emitido un auto en el que aborda la reciente conducta de un abogado que, presuntamente, grabó de manera clandestina a su marido, quien también es juez, y a su hija menor durante una sala de vista. Este incidente tuvo lugar en el contexto de unas declaraciones realizadas a través del sistema Webex, donde el profesional continuó grabando a pesar de que el procedimiento debía haberse cerrado.

La jueza se pronunció así al responder a la solicitud del abogado José María Bueno, en representación del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, quien está siendo investigado en la causa. Bueno había solicitado la comparecencia de los guardias civiles que elaboraron un informe sobre la cronología de los desbordamientos asociados a las víctimas de la dana, petición que no solo fue desestimada por la jueza, sino que también fue respaldada por acusaciones adicionales de Vox y otros grupos.

En su resolución, la magistrada calificó la solicitud del abogado como parte de una estrategia para cuestionar su imparcialidad y apartarla del caso, considerándola un intento burdo de deslegitimar su autoridad. Además, ha decidido abrir una pieza separada para investigar la posible sanción al letrado, dado que presentó fotografías obtenidas de manera ilícita como parte de su defensa.

Por otra parte, tanto Argüeso como la exconsellera Salomé Pradas han elevado quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la actuación de la jueza, lo que ha llevado al órgano a iniciar diligencias informativas. La magistrada, sin embargo, ha señalado que estas quejas son parte de una campaña de desprestigio que, según ella, está impregnada de un “machismo atroz” que busca deslegitimarla. En este sentido, advirtió que la cobertura mediática y los comentarios en línea han alimentado un discurso de odio en su contra y de su familia.

La jueza también rechazó las recientes acusaciones de parcialidad que le fueron dirigidas y subrayó que sus resoluciones han sido confirmadas por la Audiencia Provincial. Según ella, el abogado de Argüeso parece estar manipulando el procedimiento judicial con peticiones que contradicen los principios éticos fundamentales de su profesión, buscando convertir el caso en un espacio para investigar a la magistrada y a su entorno personal en lugar de centrarse en el análisis de los hechos relacionados con el caso.

En relación con el incidente de la grabación, la jueza destacó que este hecho es de una gravedad extrema, ya que uno de los letrados involucrados captó imágenes de su hija menor sin su consentimiento. A pesar de las medidas que tomó para proteger la privacidad de los involucrados durante el proceso, el abogado de Argüeso ha seguido aportando material que, según la magistrada, solo busca socavar su credibilidad y la de su familia.

Finalmente, la jueza se refirió a la solicitud de citación a los agentes de la Guardia Civil, indicando que el informe presentado por el abogado tiene vicios que hacen que no sea admisible. Argumentó que este documento carece de los análisis necesarios y no incluye las valoraciones de aquellos que realmente intervinieron en los incidentes relacionados con la emergencia. La magistrada concluyó que la combinación de testimonios e informes revela la falta de responsabilidad de ciertos actores claves que deberían haber asumido un papel más proactivo durante la crisis.