En València, la sección segunda de la Audiencia Provincial ha ordenado que los dueños de una funeraria sean citados a declarar en calidad de investigados en el marco de la trama por la supuesta venta de cadáveres que fue desarticulada el año pasado en la ciudad.

El tribunal ha decidido a favor del recurso presentado por el ministerio fiscal contra la resolución del juzgado que había decidido continuar únicamente con dos trabajadores de la funeraria y cerrar el caso contra los responsables de la empresa.

Por lo tanto, se ha revocado la decisión judicial y se ha ordenado que los responsables de la funeraria declaren como investigados para poder ejercer su derecho de defensa correctamente. Posteriormente, el juez tomará una decisión basada en esas declaraciones, ya sea sobreseer el caso, continuar con el procedimiento abreviado o llevar a cabo más diligencias.

La Audiencia justifica esta medida recordando que el juez había sugerido la participación de los dueños de la funeraria en el delito de falsedad, basándose en el relato de hechos del magistrado y en la declaración de uno de los trabajadores de la funeraria.

La investigación judicial se inició en el Juzgado de Instrucción número 1 de València en abril de 2023 por falsedad documental relacionada con la recogida y entrega del cadáver de un ciudadano francés fallecido en diciembre de 2022. Inicialmente, cuatro personas estaban bajo investigación en este caso.

Después de realizar diversas diligencias de investigación, se dictó un auto de procedimiento abreviado contra los dos trabajadores por la presunta elaboración de documentos falsos con fines lucrativos. Sin embargo, se sobreseyó provisionalmente el caso para los responsables de la funeraria al no encontrar suficientes indicios delictivos contra ellos.

La Fiscalía presentó un recurso contra esta decisión que ha sido favorablemente acogido por la Audiencia de Valencia, revocando la resolución inicial.

Meses después, la Policía Nacional llevó a cabo investigaciones adicionales en relación con otro fallecido y posibles irregularidades en incineraciones de cadáveres, implicando a las mismas cuatro personas investigadas anteriormente.

Según la Policía, la trama criminal investigada falsificaba documentación para extraer cadáveres de hospitales y residencias con el fin de venderlos a universidades para su estudio por una suma de 1.200 euros por cadáver.

Se estimó que la trama había facturado 5.040 euros a una universidad por once incineraciones de cuerpos que no figuraban en los registros de las incineradoras locales.