La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha pospuesto el juicio de la pieza 'K' del caso Imelsa, relacionada con presuntas irregularidades en las adjudicaciones de los Ayuntamientos de Requena y Enguera a empresas vinculadas a Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent, conocido como 'yonki' del dinero. La suspensión se debe a la inclusión de los correos y comunicaciones intervenidos a los acusados en la pieza principal. Se ha programado una nueva audiencia para el 2 de abril, en la que los acusados declararán al final del proceso, como han solicitado sus abogados.
En principio, había seis acusados en esta pieza, pero finalmente se retiró la acusación contra Fernando Palomares, empresario, por motivos de salud. Los acusados restantes son el exalcalde de Requena Javier Berasaluce, los exalcaldes de Enguera Santiago Arévalo (PP) y Óscar Martínez (PSPV), Mariano López y un funcionario de la Diputación de Valencia.
Las defensas de los acusados han planteado diversas nulidades, incluida la falta de todos los correos y comunicaciones intervenidos en esta pieza, lo que genera indefensión. Uno de los abogados ha mencionado un correo que exculparía a su cliente y que no había sido trasladado a las partes ni había sido tenido en cuenta por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes.
El tribunal ha decidido admitir estas reclamaciones y ha ordenado la incorporación completa de los correos y comunicaciones de los acusados que están en la pieza principal. Además, se ha suspendido el juicio y se reanudará el 2 de abril.
Las defensas también han alegado dilaciones indebidas, vulneración del secreto de comunicaciones y del derecho a la intimidad, así como la falta de acceso a la documentación completa de la causa. Se ha pedido la nulidad de las actuaciones o que la causa vuelva a instrucción para que los abogados puedan calificar correctamente.
El fiscal ha argumentado en contra de estas alegaciones, afirmando que no se han superado los plazos de instrucción y que no ha habido vulneración del derecho de defensa de los acusados. También ha destacado la especialización de la UCO de la Guardia Civil y sus informes no generan indefensión.
En la pieza 'K' del caso Imelsa se investigan presuntas irregularidades en contratos firmados entre los Ayuntamientos de Enguera y Requena y dos empresas vinculadas a Mariano López. La Fiscalía acusa a López de conseguir contratos públicos en perjuicio de la libre competencia y desviar fondos públicos. Se cuestiona el pago de facturas y otros contratos, y se atribuyen delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y falsedad documental a los acusados.