VALÈNCIA, 9 de diciembre.

La situación de las personas migrantes en los municipios de Valencia, especialmente tras la reciente dana, se ha tornado alarmante, reflejando un agravamiento de las desigualdades preexistentes. Las organizaciones que apoyan a esta población han manifestado su preocupación, señalando que el proceso de regularización extraordinaria ha resultado ineficaz, limitando aún más su acceso a derechos fundamentales y fomentando el aumento de discursos de odio en las plataformas digitales.

Estas conclusiones se extraen del III Balance Anual sobre la Discriminación Habitual por Racismo y Xenofobia en Valencia, presentado este martes por diversas entidades como Campaña CIEs NO, CEAR-PV, y otras. Los representantes Víctor Navarro, Silvana Cabrera y Esther Mamadou han expuesto la complejidad de la situación actual de las comunidades migrantes.

Los portavoces han alertado sobre el empeoramiento de las condiciones para las personas migrantes en las áreas más afectadas por la dana, indicando un alarmante desconocimiento de las disposiciones de la Ley de Extranjería por parte de las administraciones locales de salud, educación y servicios sociales. Además, han denunciado la escasa atención que reciben y el aumento de actos racistas en la región.

A pesar de las medidas de regularización adoptadas debido a la emergencia, estas no han sido suficientes. La falta de empadronamiento ha sido una barrera significativa, junto con la escasa colaboración entre servicios sociales y ayuntamientos, lo que ha dificultado la obtención de certificados de residencia efectiva.

Un informe de Oxfam Intermón reveló que, de las más de 40,000 personas en situación administrativa irregular en la zona afectada, solo unas 23,000 empezaron el proceso de regularización, lo que demuestra las deficiencias en el sistema. Las entidades han subrayado que muchos han quedado excluidos debido a la incapacidad para empadronarse y la inadecuada información disponible para estos procesos.

Silvana Cabrera ha puntualizado que en los sectores como la construcción y los cuidados, donde prevalece la mano de obra migrante, muchos trabajadores carecen de contratos formales y no han podido regularizar su situación. Este hecho ha limitado drásticamente su acceso a servicios esenciales como la salud y la educación, creando una nueva generación de invisibles en la sociedad.

El impacto en el ámbito educativo también ha sido severo. Las organizaciones han criticado las dificultades que enfrentan los menores migrantes para reubicarse en nuevas escuelas tras los daños sufridos en los centros educativos, así como la falta de protocolos contra el racismo en el sistema educativo.

En relación con la vivienda, Cabrera ha señalado que no se implementaron planes adecuados de reubicación, lo que resultó en que muchas personas continuaran viviendo en condiciones de hacinamiento. Han surgido informaciones sobre propietarios que fuerzan a los inquilinos migrantes a cubrir costos de reparación y situaciones extremas, como la conversión de un garaje en espacio habitacional para 27 personas.

Asimismo, el informe destaca la insuficiencia de las inspecciones post-emergencia en áreas vulnerables, lo que ha permitido que se mantengan condiciones de vida insalubres. También critica la falta de cooperación entre las distintas instituciones, lo que ha lentificado las respuestas frente a la emergencia.

La preocupación persiste, tal como ha afirmado Cabrera: "La negligencia en la gestión de la crisis ha afectado especialmente a quienes están en situación administrativa irregular, privándolos de ayudas necesarias y de derechos fundamentales".

El informe también expone un aumento de estigmas raciales, un clima de desconfianza hacia las instituciones públicas y una ampliación de los mensajes discriminatorios en redes sociales, donde se culpa a los migrantes por la escasez de recursos públicos.

Además, las acciones policiales han sido objeto de escrutinio, ya que se han reportado intervenciones selectivas basadas en el origen étnico, incluso durante la distribución de ayuda. También se destaca la exclusión institucional, en donde ciertos servicios priorizan la atención a personas nacionales frente a las migrantes.

En el año 2025, el informe recoge incidentes de discriminación y racismo en el área metropolitana de Valencia, sin ninguna mejora respecto a años anteriores, según ha señalado Esther Mamadou. "Faltan políticas públicas efectivas que aborden los problemas persistentes", ha denunciado.

Puntos críticos como el acceso al empadronamiento para personas en situación de sin hogar son resaltados en el informe, incluyendo una considerable baja en el padrón de personas extranjeras en el Ayuntamiento. La situación se complica aún más por los obstáculos a los que se enfrentan quienes buscan protección internacional, con denuncias sobre demoras y dificultades para obtener citas.

Las organizaciones han expuesto casos alarmantes de migrantes que han perdido empleos por la falta de renovación de documentos, así como un mercado negro emergente que vende citas para procedimientos de protección internacional a exorbitantes precios.

Las dificultades en el ámbito educativo se agravan con la falta de acompañamiento para padres y la carencia de recursos para abordar casos de acoso y racismo. Un caso concreto de violencia policial hacia una familia colombiana ha resaltado la urgencia de una formación adecuada para el personal de las administraciones públicas.

Por último, las entidades han denunciado la violencia sistemática sufrida por personas en situación de calle y la falta de albergues disponibles, con listas de espera que rozan los cuatro meses.