La Diputación de Alicante analizará en su próximo pleno la propuesta de constituir una comisión para investigar el bono comercio.

ALICANTE, 25 de marzo.

La próxima semana, el pleno de la Diputación de Alicante se reunirá para discutir y posiblemente aprobar una moción que propone la formación de una comisión de investigación sobre la controversial gestión de los bonos comercio. Esta información fue compartida por Ana Serna, vicepresidenta primera de la Diputación y miembro del Partido Popular, durante una sesión extraordinaria demandada por el grupo socialista.

Esta convocatoria se hace eco de recientes eventos que han sacudido a la organización, específicamente tras la puesta en libertad con cargos de Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme). El arresto de Baño estuvo vinculado a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que surgió a raíz de una denuncia relacionada con los bonos comercio, implementados entre 2022 y 2023 en diversos municipios de la provincia.

Vicente Arques, portavoz del PSPV en la Diputación, ha destacado que el entonces presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ahora 'expresident' de la Generalitat Valenciana, gestionó una asignación de 58 millones de euros destinada a estos bonos. Estos fondos fueron distribuidos a través de los ayuntamientos, con Facpyme, bajo el liderazgo de Baño, desempeñando un papel central en el proceso. Arques señala que Baño, además, es el administrador único de Nexo Retail Alicante SL, una empresa relacionada con la gestión de estas iniciativas.

El grupo socialista también subrayó que las bases del programa de bonos comercio fueron aprobadas el 10 de mayo de 2022, y que solo semanas después, el 13 de julio, se estableció Nexo Retail. En una intervención durante el pleno, Arques mencionó que esta empresa generó ingresos de 677,000 euros y un beneficio de 513,000 euros en solo cinco meses de 2022, lo que representa un margen del 75 por ciento. En 2023, los ingresos fueron de 375,000 euros, con un 40 por ciento de beneficio.

Además, hizo hincapié en la profunda conexión entre la Cámara de Comercio y la Diputación, que se manifiesta a través de diversas subvenciones. Insinuó que Baño tiene una relación cercana con Mazón, a quien describió como su 'hermano' simbólico.

En el orden del día de la sesión extraordinaria, se incluyó la solicitud de esta comisión de investigación, cuyo objetivo es clarificar los procedimientos administrativos y los controles aplicados en la gestión de los bonos comercio. El punto fue aprobado de manera unánime por todos los grupos que conforman la Diputación: PP, PSPV, Compromís y Vox. Sin embargo, una moción que solicitaba la comparecencia del presidente de la Diputación, Toni Pérez, fue rechazada por los populares, mientras que los restantes grupos se abstuvieron, apoyando únicamente los socialistas.

Sobre la ausencia de Pérez en la discusión, Serna explicó que, según las normativas de la Diputación, su comparecencia no era necesaria, a pesar de que está dispuesto a hacerlo, aunque solo después de que la comisión sea establecida. "No tenemos nada que ocultar", aseguró.

La vicepresidenta también expresó que la formación de esta comisión podría no ser necesaria, dado que hay una investigación judicial en curso. "Dejamos que la justicia haga su trabajo", afirmó, criticando la postura del PSOE.

Sin embargo, Serna enfatizó que para el gobierno del PP es crucial la transparencia y reafirmó el compromiso de crear la comisión en la próxima sesión plenaria. Argumentó que el programa de bonos fue establecido en el contexto de la crisis provocada por la pandemia y contrastó su gestión con la de otros administradores que derrocharon fondos de manera inapropiada.

Defendió la correcta administración de los fondos, indicando que cada ayuntamiento ejerció su autonomía en la gestión de los recursos recibidos. También puntualizó que ni su municipio ni Benidorm trabajaron con Facpyme en la gestión de estos bonos.

Desde el grupo Compromís, su portavoz Ximo Perles, insistió en la necesidad de esclarecer lo que está ocurriendo al considerar que la Cámara de Comercio debería funcionar como una entidad pública y no como una organización privada. Señaló la necesidad de investigar cómo se ha justificado la subvención a Alicante Gastronómica y apuntó que se ha llegado a un punto en el que el dinero de la Diputación parece haber beneficiado a Facpyme de manera irregular.

En este sentido, consideró oportuna la creación de la comisión como una vía para invitar a comparecer a los responsables de la gestión, quienes no tienen la obligación de hacerlo, pero podrían ofrecer explicaciones sobre su accionar.

Por su parte, Gema Alemán, portavoz de Vox, enfatizó que el asunto está siendo tratado en los juzgados y que la Diputación deberá colaborar en las demandas pertinentes, mostrando su apoyo a la apertura de la comisión.

Al concluir la sesión, Arques criticó la negativa de Pérez a comparecer y sugirió que podría estar tratando de eludir responsabilidades, cuestionando si Nexo Retail tenía información privilegiada sobre la creación de los bonos y si la decisión de no incluir un programa para 2024 en el presupuesto estaba relacionada con las investigaciones en curso.