La Fiscalía solicita casi 3 años de prisión para Serafín Castellano en el caso del 'cártel del fuego'

Serafín Castellano y otros 11 acusados han admitido su responsabilidad y han llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción.

MADRID, 24 Sep.

La Fiscalía Anticorrupción ha reducido de 22 años a 2 años y 7 meses de prisión la pena solicitada para Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconsejero del PP, tras reconocer su participación en el caso conocido como 'cártel del fuego'.

Según el representante del Ministerio Público, tras conversaciones previas, Castellano y otros 11 acusados han admitido los hechos que se les imputan en el juicio.

En su declaración, el fiscal recordó a Castellano que "ha admitido, con la ayuda de su abogado, todos los hechos descritos en la acusación de la Fiscalía". "Sí, confirmo todos los escritos", respondió el acusado.

Los únicos acusados que han rechazado reconocer los hechos y negociar una reducción de las penas son Rubén Mariano García; el exgerente de la empresa Avialsa Francisco Antonio Alandí; el ex coordinador del servicio contra incendios Vicente Bosca; y el responsable de la División Operativa de la Dirección General de Emergencias y Seguridad de la Generalitat de Cataluña Manuel Bosch.

Cabe destacar que, a pesar de que inicialmente se propuso juzgar a 17 personas, solo 16 están en el banquillo de los acusados debido al fallecimiento de Fernando Espejo el año pasado.

Estos acuerdos han llevado a la reducción de la pena solicitada por la Fiscalía para Castellano, entre otros, de 21 años a dos años y siete meses de prisión. En un principio, la Fiscalía lo acusaba de delitos como falsedad en documento público, cohecho, prevaricación, malversación y asociación ilícita.

"La defensa de este acusado, casi en el último momento, prácticamente en vísperas del juicio, ha sido la que ha comunicado a la Fiscalía su decisión definitiva de reconocer los hechos", explicó el fiscal.

Hay que recordar que el juez instructor propuso enjuiciar en 2022 al 'cártel del fuego' por presuntos fraudes en contratos para la extinción de incendios.

En el auto de procesamiento de los acusados, la Sala de lo Penal confirmó que el juez instructor describió prácticas corruptas con el objetivo de alterar la concurrencia en procesos de contratación pública, corrompiendo a través de supuestos sobornos.

El fiscal destacó que los acusados, entre 1999 y al menos 2018, llevaron a cabo diversas conductas ilícitas en contratos públicos en el sector de la extinción de incendios, perjudicando los intereses generales.

En junio de 2022, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, ya jubilado, señaló que los miembros del 'cártel del fuego' habrían incrementado gastos indebidamente a favor de personas y empresas vinculadas, aprobando contratos y facturas, y favoreciendo a determinadas entidades.

Según el juez, solo a Castellano se le entregaron regalos por un valor mínimo de 163.736,02 euros, relacionados con actividades cinegéticas.

Los empresarios y compañías habrían repartido el mercado de contratación pública en el sector, estableciendo de antemano qué empresas participarían en ciertas regiones y acordando compensaciones económicas dentro del cártel.

García Castellón señaló que estos presuntos fraudes no solo ocurrieron en España, sino también en otros países, provocando aumentos en los precios de licitación.

En la Comunidad Valenciana, entre 1999 y 2017, se concibieron contratos por un total de 151.585.386,22 euros, con la participación exclusiva de AVIALSA y ocasionalmente de otras empresas asociadas, según informes de la IGAE.

Según el juez, funcionarios y autoridades intervinientes en estos procesos habrían recibido regalos o dádivas, generando una actitud clientelar en la administración.

En la Comunidad Valenciana y Cataluña, entidades vinculadas con AVIALSA habrían entregado dinero o regalos como vehículos, cacerías, armas de fuego, relojes, joyas y estancias en hoteles a funcionarios y autoridades.

Para el juez, los hechos podrían constituir delitos como cohecho, organización criminal, alteración de precios en contratos públicos, falsificación de documentos, malversación, prevaricación, asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias y exacciones ilegales.