VALÈNCIA, 26 de noviembre.

La Generalitat Valenciana ha enviado una carta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Este documento se basa en un acuerdo de la Comisión de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías de Les Corts Valencianes, aprobado el 30 de octubre con el apoyo de PP y Vox, mientras que PSPV y Compromís votaron en contra. El acuerdo solicita al Gobierno de España la elaboración de un plan nacional de soberanía energética que garantice que no haya imposiciones climáticas de organismos internacionales sobre las políticas del país.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha hecho llegar este acuerdo al Ministerio de Aagesen mediante una carta fechada el martes, en la que se incluyen los puntos concernientes a su ámbito de competencia, traducidos al español, "para su consideración". Este movimiento ocurre a días del debate de investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo líder de la Generalitat en reemplazo de Carlos Mazón.

Por su parte, Vox ha decidido no formalizar un pacto por escrito con el candidato del PP, subrayando la importancia de presenciar el discurso del jueves antes de decidir si respaldará su investidura. El partido de Santiago Abascal busca aclarar "exactamente cuál es la posición y los compromisos" que el aspirante a la presidencia de la Generalitat asumirá ante los ciudadanos.

Las condiciones que demanda Vox se centran en rechazar las políticas ecológicas, frenar la inmigración ilegal y construir infraestructuras como presas y diques para prevenir nuevos desastres, como ocurrió con el reciente evento de dana.

La resolución aprobada en la Comisión de Les Corts enfatiza que el plan energético nacional debe ser implementado de forma urgente por las autoridades competentes, para asegurar que España mantenga su soberanía energética. Este plan tiene como objetivo proporcionar energía asequible, sostenible, eficiente y limpia, garantizando precios accesibles para las familias y empresas del país.

También se contempla la extensión de la vida operativa de la central nuclear de Cofrentes, así como la evaluación de la posibilidad de alargar la vida de otras instalaciones nucleares y la creación de nuevas plantas que refuercen la soberanía energética, considerando esta fuente de energía como "libre de emisiones de CO2".

Adicionalmente, el acuerdo reconoce la creciente inestabilidad del sistema eléctrico en España como consecuencia de las políticas que han llevado al cierre de centrales de generación estable, atribuible a la incorrecta implementación del Pacto Verde y la Agenda 2030, sin las apoyos alternativos necesarios.

La resolución también aboga por promover dentro de la Unión Europea la eliminación del mercado de emisiones y créditos de carbono, catalogando estos mecanismos como especulativos, lo que afecta negativamente a la economía y a la capacidad productiva de los estados miembros. Mientras estas propuestas no se implementen, se solicita que los ingresos generados por los derechos de emisión de CO2 se destinen a reducir la factura eléctrica de los ciudadanos más vulnerables.

Por último, el documento demanda una revisión inmediata del sistema de generación eléctrica en España con el objetivo de reducir costos y garantizar la sostenibilidad de todos los actores involucrados.

Al comentar sobre esta carta durante una sesión de control, la vicepresidenta tercera del Gobierno expresó su asombro y cuestionó la propuesta energética de la Generalitat, sugiriendo que estaba fundamentada en el negacionismo climático y el antieuropeísmo. "Es inaceptable que España se encuentre en esta situación", afirmó Aagesen, quien añadió que la Generalitat ha solicitado un distanciamiento del "dogmatismo climático" de la Unión Europea en su política energética.