VALÈNCIA, 30 de septiembre. Una nueva etapa se abre en la investigación sobre la gestión de la dana, ya que la jueza de Catarroja ha exigido a la dirección de À Punt que explique, en un plazo de 24 horas, el motivo del notable retraso en la entrega de las grabaciones de audio y video de la reunión del Cecopi, celebrada el 29 de octubre de 2024.

Así lo ha dictado la magistrada en una providencia que ya ha sido comunicada a las partes implicadas. En este documento, la jueza destaca que, tras haber pasado el tiempo estipulado de tres días sin recibir la material visual y sonoro requerido, es imperativo que la cadena pública aporte su justificación sobre este atraso.

Durante el auto emitido el pasado 18 de septiembre, la instructora había solicitado tanto a À Punt como a Emergencias que presentaran las grabaciones correspondientes a la reunión del Cecopi en el día que tuvo lugar la tragedia, que dejó un saldo de 229 vidas perdidas en la comunidad.

La respuesta de À Punt a esta solicitud ya ha sido mencionada por la jueza. La cadena alegó que, aunque está dispuesta a entregar el material grabado, teme que la difusión voluntaria de las grabaciones los exponga a responsabilidad penal tanto a la entidad como a los empleados que registraron la reunión.

No obstante, la magistrada considera que es fundamental evaluar el acceso a estas grabaciones teniendo en cuenta que À Punt es un medio público y los intereses en juego en este proceso penal. En este sentido, apunta que la transmisión de información exacta sobre los acontecimientos es esencial, y destaca que RTVE ya ha emitido contenido que incluye el audio de esa reunión.

La jueza sostiene que, en la balanza entre el derecho a la información y la protección de datos, la obligación de transparencia de una entidad pública como À Punt debe prevalecer. Es esencial que estas grabaciones sean puestas a disposición para el esclarecimiento de los hechos, dada la seriedad de la investigación en curso.

Además, subraya que la jurisprudencia constitucional respalda la difusión de este tipo de materiales sin necesidad de un requerimiento judicial previo, dado su valor informativo y comunitario. En un contexto tan trágico como la pérdida de vidas humanas, el acceso a esta información es prioritaria.

En la confirmación de su postura, la jueza enfatiza que, tras la difusión de la grabación por RTVE, se refuerza aún más la necesidad de que À Punt entregue su material, el cual resultó crucial para los avances en la instrucción del caso.

La magistrada también ha vuelto a resaltar la importancia de las grabaciones que posee À Punt, ya que son esenciales para entender el proceso de toma de decisiones que rodeó el ES-Alert y la implicación de actores que no están bajo investigación directa, siempre dentro del contexto de la gravedad de los hechos que se investigan.

Finalmente, pone en evidencia que la grabación pública contradice ciertos testimonios proporcionados en el ámbito judicial, hecho que refuerza la relevancia de su entrega. También concluye que el papel de RTVE, al emitir información crítica para la población, no ha violado derechos fundamentales, resaltando el deber de informar sobre cuestiones que han afectado profundamente a la ciudadanía.