València, 7 de enero. La jueza encargada de la investigación sobre la gestión de la dana que causó 230 muertes en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 ha decidido citar a declarar como testigos a varios funcionarios clave de la Generalitat. Entre ellos se encuentran el abogado coordinador de la Abogacía de la Generalitat en la Conselleria de Justicia y el Abogado General, así como Ricardo García, subdirector general del departamento que lideraba Salomé Pradas, en relación con discusiones sobre un posible confinamiento de la población.

La magistrada ha emitido un auto en el que acepta la petición de uno de los abogados de la acusación, quien solicitaba identificar a los letrados que brindaron asesoría entre las 19:45 y 20:00 horas sobre la viabilidad de un confinamiento, en el contexto de las decisiones destinadas a proteger la salud pública. Según el abogado, este proceso de asesoramiento contribuyó a un retraso en la emisión del aviso de emergencia ES-Alert.

El auto revela que el informe presentado a la causa, datado el 26 de diciembre de 2025, indica que el 29 de octubre de 2024 "ningún alto cargo de la Conselleria de Justicia e Interior, de Medio Ambiente o de Presidencia formuló consulta escrita" a la Abogacía de la Generalitat. Sin embargo, se mencionan "llamadas telefónicas" ese mismo día en relación con la situación meteorológica crítica que se estaba produciendo, donde el entonces subsecretario de la Conselleria contactó al abogado coordinador para consultar sobre la legalidad de un posible confinamiento.

Además, Cayetano García, quien en ese momento era el secretario autonómico de Presidencia, ya citado como testigo para el 22 de enero, se comunicó con el Abogado General para informarle sobre la posibilidad de que la consellera Salomé Pradas, que también está siendo investigada, contactara con la Abogacía para obtener un informe jurídico antes de la toma de decisiones sobre un confinamiento. El abogado general indicó su disposición a ofrecer asistencia legal.

A pesar de estas comunicaciones, el informe señala que "después de las llamadas no se recibió ninguna solicitud adicional, ni verbal ni escrita" para realizar un informe jurídico. La jueza considera que las citaciones de Ricardo García y los dos abogados de la Abogacía son "relevantes" para la investigación, especialmente en vista de que el informe contradice las declaraciones de José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, quien había afirmado que había habido comunicación entre Cayetano García y la Abogacía.

La jueza apunta que a las 19:54 horas del 29 de octubre, Cuenca había alertado a la exconsellera Pradas con el mensaje: "Salo. De confinar nada por favor. Calma". Según su declaración, estos mensajes se basan en lo que él había oído del abogado de la Generalitat a través de García. En contraste, el informe del 26 de diciembre de 2025, firmado por el Abogado General, solo menciona dos breves llamadas, en una de las cuales se confirmaba que un eventual confinamiento podría tener soporte jurídico, mencionando los artículos legales pertinentes.