VALÈNCIA, 30 de septiembre. La jueza del juzgado de Catarroja que lleva la investigación sobre la gestión de la dana ha decidido nuevamente no proceder con la investigación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, a raíz de una solicitud planteada por la acusación popular de Valores. Esta petición apuntaba a una supuesta negligencia que podría constituir un delito de omisión del deber de socorro.

En su argumento, la magistrada califica de “totalmente absurda” la insistencia en atribuir responsabilidades tanto a la CHJ como a la AEMET y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Señala que a las 18:59 horas se estaba debatiendo en el Cecopi sobre el envío del ES-Alert a la población, un aviso que finalmente se emitió a las 20:11 horas.

La jueza destaca que la insistencia de algunas acusaciones en responsabilizar penalmente a determinadas instituciones solo acaba sirviendo para exonerar a los investigados. La magistrada subraya que las preguntas realizadas coinciden notablemente con las declaraciones de las defensas, lo que, a su juicio, no puede implicar necesariamente incriminaciones hacia testigos que no tienen la obligación de actuar como garantes en la situación.

En su resolución, la jueza argumenta que, dada la cantidad de información disponible desde la mañana del 29 de octubre, no se puede alegar desconocimiento respecto a la situación. La magistrada utiliza una analogía para ilustrar lo absurdo de tal defensa, comparando la falta de conocimiento de ciertos protocolos por parte de responsables de gestión de emergencias con un juez de Violencia de Género que no reconozca los sistemas existentes para proteger a las víctimas.

El auto, que fue comunicado a las partes y tiene posibilidad de apelación, remarca que una resolución anterior de la Audiencia Provincial de Valencia ya desestimó la idea de un "apagón informativo" como causante de responsabilidad criminal. Según esa resolución, múltiples avisos sobre la gravedad de la situación se habían distribuido a través de la AEMET, el 112, los medios de comunicación y otros canales, incluida la plataforma SAIH.

La jueza subraya que Miguel Polo explicó detalladamente durante su testimonio cómo él no puede ser responsabilizado por la falta de acción de quienes estaban al mando del plan especial de inundaciones. Asegura que los directores de la emergencia no utilizaron el SAIH ni consideraron adecuadamente las predicciones meteorológicas ni las alertas que estaban llegando a través de diversos medios.

Además, la magistrada enfatiza que fue el propio Polo quien sugirió la necesidad de enviar la alerta a las 17:30 horas, mucho antes del tiempo documentado en las imágenes y grabaciones del CECOPI. Resalta que, mientras la investigada Sra. Pradas daba instrucciones sobre el contenido del mensaje de alerta, ya había pasado un tiempo considerable desde que se iniciaron las discusiones sobre la necesidad de alertar al público.

La jueza menciona que en las grabaciones de RTVE se puede ver que a las 18:59 horas, la consellera estaba dando directrices sobre qué incluir en el mensaje de alerta. A su juicio, resulta "completamente absurdo" seguir insistiendo en culpar a la CHJ, a la AEMET y a la Delegada del Gobierno dado que ya se estaba discutiendo el envío del aviso.

Finalmente, la magistrada pone de relieve que el envío de mensajes a la población para que tomaran medidas preventivas era esencial para salvar vidas, ya que las víctimas no estaban conscientes del peligro extremo al que se estaban exponiendo en una situación crítica. Cabe recordar que la dana causó la trágica pérdida de 229 personas en la provincia de Valencia.