VALÈNCIA, 27 de octubre. La jueza encargada de investigar la gestión durante la DANA en Catarroja ha dirigido una solicitud a Les Corts Valencianes para obtener un registro de las llamadas realizadas por el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el pasado 29 de octubre. Esta solicitud ha sido enviada por la Presidencia a la comisión que indaga sobre las riadas en el parlamento autonómico.

En un auto emitido por la magistrada, que permite la posibilidad de interponer un recurso, se establece un plazo de un día para que la cámara autonómica remita la documentación solicitada.

La jueza destaca en su resolución que es fundamental examinar las comunicaciones entre la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que está siendo investigada en este caso, y Mazón, en el contexto de la toma de decisiones del Cecopi del 29 de octubre de 2024. Esto resulta crucial, sobre todo, para analizar cómo se coordinó la alerta a la población durante ese evento crítico.

La defensa de Pradas presentó un acta notarial que incluye capturas de pantalla de su teléfono móvil, donde se evidencian esos intercambios de información. Además, la Presidencia de la Generalitat ya proporcionó un listado de llamadas de Mazón a la comisión, el cual incluye las que realizó el 29 de octubre con su entonces consellera, que fue destituida posteriormente.

La jueza subraya que, según el auto del 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial, se dispone de la declaración como testigo de la periodista Maribel Vilaplana, quien compartió una comida con Mazón el 29 de octubre. En este auto se destaca que el 'president' es la máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y del Consell, y que, en virtud de la ley, tiene la potestad de dirigir y coordinar acciones, pudiendo impartir instrucciones a otros miembros del Consell.

Asimismo, la magistrada remarca que el auto de la Audiencia también menciona la necesidad de clarificar y evaluar posibles comentarios hechos por el 'president' respecto al progreso de la reunión del Cecopi, así como la información que manejaban los asistentes y las razones detrás de las decisiones tomadas en momentos específicos.

En conclusión, la jueza resalta que el listado de llamadas solicitado es un documento de carácter público, dado que ha sido proporcionado por la Presidencia de la Generalitat a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la DANA.