En un reciente avance del caso sobre la gestión de la emergencia por la dana, la jueza de Catarroja, Valencia, ha solicitado a la Conselleria de Emergencias que identifique a dos técnicos que participaron en vídeos que contienen explicaciones relacionadas con los investigados, la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y su segundo al mando, Emilio Argüeso. Asimismo, la magistrada ha decidido citar al jefe de explotación de la Plataforma operativa 112 CV como testigo clave en estas diligencias.

La magistrada ha dirigido también un requerimiento a RTVE Comunitat Valenciana, pidiendo la entrega de un vídeo de veinticinco segundos emitido el 9 de octubre de 2025. En esta grabación, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se dirige a varios asistentes para informarles sobre el decreto de una alerta hidrológica, en presencia de dos conselleras, levantando interrogantes sobre el conocimiento que poseía la administración autonómica respecto al estado del río Magro y del barranco del Poyo.

Las autoridades judiciales han emitido cuatro nuevos autos en este caso, que abarca la trágica barrancada del 29 de octubre de 2024, que resultó en la pérdida de 229 vidas. De acuerdo con los documentos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha determinado que la acusación popular, representada por Acció Cultural del País Valencià, tenga acceso a material audiovisual crucial para el desarrollo de la investigación.

Además, el tribunal ha indicado que no se admitirán las recientes declaraciones del presidente de la Generalitat a los medios, que buscaban ser incorporadas al expediente por parte de la acusación popular que ejerce Intersindical. La jueza argumenta que estas manifestaciones no pueden reemplazar el testimonio en un juicio y no tienen valor probatorio en este contexto.

La jueza sostiene que las afirmaciones del presidente, referidas a una supuesta falta de información por parte de las agencias estatales, reflejan una versión que busca exculpar a la administración. En este sentido, se cuestiona la relevancia de tales declaraciones, que han sido reiteradas por varios funcionarios desde los días posteriores a la tragedia.

Sobre su negativa a asumir responsabilidad en la gestión de la emergencia, la magistrada advierte que solo se podrían tomar en cuenta si el presidente decide declararse como investigado en este procedimiento. De no hacerlo, este tipo de afirmaciones no pueden ser utilizadas como sustituto de un testimonio formal, ya que implican derechos legales que deben ser garantizados.

En una parte del mismo auto, la jueza manifiesta que declaratorias sobre la falta de comunicación vinculadas al sistema ES-Alert y su relación con la presa de Forata, deben considerarse meras especulaciones, y su validez debe ser disputada en el marco del procedimiento judicial, si se intenta utilizarlas como defensa.

Por otro lado, la magistrada ha solicitado a la Conselleria de Emergencias que proporcione documentación que respalde las medidas preventivas y los preparativos que se habían presentado ante el Consell en respuesta a la alerta roja emitida por Aemet el 29 de octubre. De igual manera, se ha reiterado la necesidad de recibir el vídeo solicitado de RTVE que documenta la declaración del presidente sobre la alerta.

En un desenlace adicional, se ha desestimado el recurso de reforma que pedía que se llamara a declarar a miembros de la Guardia Civil implicados en la elaboración de un informe relevante para la causa, así como una solicitud presentada por la defensa de Emilio Argüeso en relación con un informe de la Guardia Civil y la citación de sus autores.