Las docentes protestaron pacíficamente y podrían ir a Fiscalía, ¿qué pasa con nuestra libertad?

¿Sabías que unas profesoras que expresaron su opinión en el Parlamento Valenciano podrían enfrentarse a cargos judiciales por una protesta pacífica?

El pasado 21 de mayo, tres docentes protestaron en Les Corts gritando consignas y lanzando billetes falsos, en medio de una huelga por la educación pública. La Mesa del parlamento evalúa ahora si llevarlas a la Fiscalía, a pesar de que todo indica que su acto fue una simple reivindicación sin violencia.

Este tipo de decisiones puede tener graves consecuencias para la libertad de expresión en nuestra comunidad. Criminalizar una protesta pacífica envía un mensaje muy negativo y puede disuadir a quienes quieren alzar la voz por sus derechos o mejoras en la educación.

Para los ciudadanos, esto significa que cualquier opinión o manifestación puede ser considerada delito, incluso si es pacífica. La percepción de que las instituciones se usan para reprimir, en lugar de escuchar, puede generar desconfianza y apatía en la gente de a pie.

¿Qué deberían hacer ahora los afectados? Lo más importante es que la ciudadanía esté informada y exija que las instituciones respeten los derechos básicos. Además, conviene apoyar la denuncia de estas medidas y promover una mayor transparencia y diálogo en la política valenciana.

El futuro dependerá de qué decida la Mesa de Les Corts y si la presión social logra que se respeten los derechos de las docentes. La clave está en que todos defendamos un sistema en el que protestar sea un derecho, no un delito.