VALÈNCIA, 5 de diciembre. En una decisión que subraya la importancia de la lucha por los derechos educativos, la Mesa de Les Corts Valencianes ha tomado la determinación de intervenir en el proceso abierto ante el Tribunal Constitucional. Esto ocurre en respuesta al recurso de inconstitucionalidad que ha sido impulsado por la formación política Compromís, respaldado por la firme firma de cincuenta diputados del Congreso. Este recurso cuestiona distintos aspectos de la ley de "libertad educativa" implementada por el gobierno del Partido Popular en la Generalitat Valenciana, encabezado por Carlos Mazón.

Conforme al acuerdo adoptado en la Mesa el pasado 3 de diciembre, se ha decidido otorgar a los servicios jurídicos del parlamento la capacidad para presentarse en nombre de Les Corts. Este paso es crucial para llevar a cabo todas las acciones legales pertinentes en defensa de la constitucionalidad de la norma que está siendo impugnada.

La presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó, ha manifestado su apoyo a la legislación en cuestión a través de un comunicado. Massó ha señalado que la ley, aprobada en junio, fortalece la libertad de elección de las familias, un derecho que está, por otro lado, consagrado en la Constitución Española.

El Tribunal Constitucional, en su último Pleno, ha decidido admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por Compromís. Este recurso, que ha logrado reunir la firma del mínimo requerido de diputados, pone en tela de juicio varios apartados de la Ley 1/2024, que regula la libertad educativa en la Comunidad Valenciana.

En un trámite formal datado el 19 de noviembre, el Tribunal, siguiendo las recomendaciones de la Sección Tercera, aceptó el recurso que impugna múltiples artículos y sus respectivas secciones de la ley. Estos incluyen, entre otros, los artículos 3, 4, 5, 6, y 12, abarcando aspectos fundamentales de la normativa que se está cuestionando.

Además, el Tribunal también ha decidido remitir la demanda junto con los documentos pertinentes al Congreso de los Diputados y al Senado a través de sus presidentes. Así, también se hará lo propio con el Gobierno, por medio del Ministro de Justicia, y con Les Corts Valencianes y el Consell, a fin de que, en un plazo de 15 días, puedan participar en el proceso y presentar las alegaciones que consideren necesarias.

Este recurso se presentó el 25 de septiembre, promovido por Compromís y apoyado no solo por la coalición valencianista, sino también por otros partidos como Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y el BNG. La oposición a esta ley se fundamenta en la creencia de que infringe los derechos lingüísticos del alumnado, tal como están reconocidos en el Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y diversas leyes educativas de mayor rango.