VALÈNCIA, 2 de octubre.

La Audiencia Provincial de Valencia ha dejado en libertad a Ricardo Ferris, un exinspector jefe de Policía, exonerándolo de un cargo de delito de odio por sus polémicas declaraciones en un evento sobre inmigración. El tribunal ha argumentado que su derecho a la libertad de expresión prevalece en este caso.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se origina a partir de una charla que Ferris ofreció el 14 de octubre de 2022 en el Ateneo Mercantil de València, organizada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española y VOX Cortes Valencianas. Durante su intervención, Ferris vinculó la inmigración con la criminalidad, afirmando que "inmigración ilegal es igual a delincuencia" y señalando que una gran mayoría de los detenidos eran foráneos.

En su discurso, grabado y compartido en YouTube, Ferris hizo una serie de afirmaciones controvertidas, indicando que no solo se refería a quienes llegan en pateras, sino a la percepción de que la inmigración descontrolada exacerba la criminalidad. "No confíen en Frontex", aseguró, refiriéndose a la agencia europea de control de fronteras, que tildó de ineficaz.

Durante el juicio, Ferris admitió haber hecho las afirmaciones, aunque sostuvo que no sabía que estaba siendo grabado y que su intervención se iba a publicar. Defendió su discurso argumentando que se basaba en estadísticas y que no pretendía estigmatizar a todos los inmigrantes, aunque sus palabras vinculaban la delincuencia con la migración ilegal.

El tribunal fue claro al afirmar que, aunque algunas declaraciones de Ferris pueden considerarse ofensivas, el enfoque general de su intervención buscaba abrir un debate sobre la relación entre inmigración y criminalidad, un tema que suscita opiniones diversas en la sociedad. La Audiencia consideró que la esencia de su discurso se orientaba más hacia la expresión de ideas que a la propagación de hechos potencialmente falsos.

Aún reconociendo que algunas de sus afirmaciones podrían contribuir a la imagen negativa de la inmigración, el tribunal concluyó que el exinspector no había incitado a la violencia ni a la discriminación. En su resolución, el tribunal concluyó que las críticas a la gestión de los poderes públicos en materia de inmigración no constituían un delito, y que la condena social no debería traducirse en castigos penales severos.

Finalmente, la Audiencia enfatizó que, a pesar de las exageraciones y generalizaciones presentes en el discurso de Ferris, es esencial ser cautelosos en la imposición de limitaciones a la libertad de expresión. En este contexto, las penas de prisión resultarían desproporcionadas y convertirían al sistema penal en un instrumento de censura contra la libertad de palabra.