VALÈNCIA, 27 de diciembre.

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha expresado su satisfacción por la inclusión del sector azulejero en el sistema de compensación de costes indirectos de CO2 por parte de la Unión Europea, previsto para entrar en vigencia en 2026. Sin embargo, ha señalado que esta medida es solo un primer paso y no es suficiente para mitigar "el duro golpe energético" que enfrenta la industria.

Pérez Llorca hizo un llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una reunión celebrada en Moncloa el 17 de diciembre, solicitando una mayor implicación del Ejecutivo para asegurar la correcta implementación de este apoyo. Ahora pide al gobierno que "asigne los fondos necesarios para que estas ayudas sean realmente efectivas y puedan beneficiar a la mayor cantidad posible de empresas electrointensivas en el sector".

A pesar de este avance, el líder del Consell ha destacado que esta solicitud solo representa una de las muchas demandas que ha planteado a Sánchez relacionadas con el sector cerámico, las cuales están contenidas en un documento con 100 propuestas para la Comunitat Valenciana. "La solicitud más urgente es la defensa de la cerámica española ante las pérdidas que el nuevo régimen de derechos de emisión provocará en la producción de azulejos, que constituye la principal amenaza para el clúster", enfatizó.

En su análisis, ha afirmado que "el verdadero desafío radica en el Régimen de Comercio de derechos de emisión de la Unión Europea", por lo que ha reiterado su petición al Gobierno español para que "defienda los intereses de nuestra industria cerámica y abogue por la suspensión de este régimen".

Asimismo, ha renovado su demanda de que se detengan los recortes propuestos en las retribuciones por cogeneración, lo que podría acarrear "pérdidas millonarias" en un sector ya muy afectado por la sobreregulación impuesta desde Europa.

Para Pérez Llorca, es fundamental "continuar respaldando a un sector que ha sufrido severamente por la actual coyuntura y que requiere medidas que aseguren su viabilidad", lo que implica la necesidad de un "marco legal y energético que sea justo y realista", además de "buscar la protección del azulejo de la Comunitat Valenciana frente a competidores externos que no enfrentan las mismas exigencias que las industrias dentro de la comunidad".