Este sábado, las calles del centro de València se llenaron de manifestantes que exigieron "el derecho a una vivienda digna". Este acto no solo fue una declaración de intenciones, sino un grito de protesta por la aparente inacción que han mostrado los gobiernos estatal, autonómico y local en un tema tan crucial para la ciudadanía. La urgencia de la movilización también se centró en la necesidad de extender el Escudo Social, cuya finalización está programada para el 31 de diciembre. Sin dicha prórroga, más de 60,000 familias en todo el Estado, 5,000 en la Comunidad Valenciana y casi 900 en la ciudad de València, estarían en la cuerda floja, enfrentándose a posibles desahucios a partir del 1 de enero de 2026.

Pablo Ramos, portavoz de Juntes per l'Habitatge, fue uno de los oradores destacados en la marcha titulada "Por el derecho a la vivienda, ¡ahora!", que inició en la Plaza de San Agustín y culminó en la Plaza de la Virgen. Su mensaje fue claro: el acceso a la vivienda se está volviendo cada vez más inalcanzable, y la situación de desahucios está emitiendo señales alarmantes de crisis social.

Durante la manifestación, que contó con la organización de Juntes per l'Habitatge, València no està en venda y Acord Social Valencià, los participantes corearon diversas consignas, incluyendo "Ni casa sin gente ni gente sin casa" y "Vergüenza me daría desahuciar a una familia". La voz colectiva resonó con claridad, reflejando un profundo descontento social hacia la falta de soluciones habitacionales efectivas.

Ramos subrayó que el costo de la vivienda en València ha alcanzado niveles "inasumibles". Además, alertó sobre el incremento de desahucios y enfatizó que la eventual desaparición del Escudo Social podría desatar una crisis humanitaria en la comunidad. A pesar de haberse reunido con representantes del gobierno regional en múltiples ocasiones, todas sus propuestas han sido rechazadas, y el consistorio ha mostrado una total indiferencia hacia sus demandas, lo que intensifica su determinación de continuar en las calles.

El portavoz también afirmó que las organizaciones que impulsan la manifestación no tienen agenda oculta, sino que buscan garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda adecuada. Hizo hincapié en que el problema de la vivienda no es exclusivo de una región, sino un desafío que afecta a todo el país, sin importar el partido que esté en el poder. "La cuestión de la vivienda se ha relegado al olvido" denunció, instando a que se aborde urgentemente.

De cara al futuro, Ramos anunció que las manifestaciones serán una constante hasta que las autoridades tomen medidas decisivas. Llamó a un trabajo conjunto entre las administraciones, ya que a su juicio, actualmente "no existe" voluntad política real para enfrentar esta crisis sociopolítica.

En el manifiesto leído al finalizar la marcha, se consideró "gravísima" la situación que enfrenta miles de ciudadanos al intentar acceder a un hogar. Se exigió a las administraciones la implementación de un Plan de Choque con medidas concretas y consensuadas con grupos sociales, para que se actúe de manera efectiva sobre el problema desde sus raíces. "La urgencia por prorrogar y mejorar el Escudo Social es inminente", declararon, enfatizando que sin una acción rápida, muchas familias se enfrentarán a la angustiosa posibilidad del desalojo.

Los manifestantes describieron la situación como "dramática", advirtiendo que los desahucios siguen en aumento y que los alquileres son cada vez más inalcanzables. "Los precios de la vivienda están inflacionados por la especulación inmobiliaria, mientras que los barracos y comunidades se ven devastadas por la falta de políticas efectivas para proteger a sus residentes", manifestaron.

Se recalcó que el derecho a la vivienda es fundamental y esencial para la supervivencia de las comunidades, señalando que la carencia de un hogar seguro afecta a todos, desde aquellos que luchan por llegar a fin de mes hasta quienes enfrentan hipotecas abrumadoras. "Sin vivienda, las posibilidades de igualdad de oportunidades se desvanecen", advirtieron, instando a una reflexión sobre cómo la vivienda afecta la vida comunitaria y la cohesión social.

Finalmente, señalaron que el derecho a la vivienda no debería entenderse como un lujo, sino como una necesidad básica, afirmando que su defensa es un acto legítimo y democrático. Cada vivienda vacía en manos de especuladores mientras cientos sufren es un síntoma alarmante de un sistema que necesita reestructurarse para cumplir con sus obligaciones humanas.

En respuesta a la manifestación, la Generalitat ha defendido su compromiso hacia la solución del problema habitacional, enfatizando que la situación es un desafío de oferta más que de demanda. Destacaron que, tras años de inacción en la construcción de viviendas asequibles, se están tomando medidas proactivas para facilitar el acceso a la vivienda, incluyendo la activación de suelo, aprobaciones fiscales y apoyo para inquilinos jóvenes.

El Consell también ha subrayado la creación de miles de viviendas de protección pública en sus esfuerzos por mejorar el acceso a la vivienda. A pesar de las críticas, están trabajando en un plan para abordar la ocupación ilegal de efectivos, asegurando que los propietarios se sientan seguros al alquilar sus propiedades.