Nuria Martínez, la consellera de Justicia y Administración Pública, ha hecho un llamado contundente para reunirse con el ministro Félix Bolaños con el fin de discutir las "reivindicaciones no atendidas" en el ámbito de la justicia. La consellera ha sido clara al expresar que no se puede tolerar la continua falta de atención a las demandas legítimas de la ciudadanía.

Durante su intervención este viernes en Les Corts, donde presentó las líneas fundamentales de su gestión desde su nombramiento el pasado mes de noviembre, Martínez destacó que su departamento tiene la intención de trabajar en "la preparación, elaboración y tramitación" de un anteproyecto de ley de señas de identidad durante el año 2025, con el objetivo de que esta nueva norma entre en vigor en 2026. Este proyecto, según la consellera, es esencial para fortalecer la identidad valenciana, especialmente tras los recientes acontecimientos que han unido a la población en un momento histórico tanto de celebración como de dolor.

La consellera enfatizó que la identidad y la singularidad del pueblo valenciano son fundamentales y deben unificar a sus ciudadanos más allá de las diferencias. Insistió en que es vital que todas las fuerzas políticas colaboren en la creación de una normativa que refleje estas señas de identidad y sus significados en la vida cotidiana de la comunidad.

Martínez también realizó un repaso a las acciones de su Conselleria para afrontar varios desafíos significativos en la modernización de la justicia, buscando una administración pública más eficaz. Reconoció que la situación financiera actual de la Generalitat limita la posibilidad de desplegar los recursos necesarios para garantizar unos servicios públicos que los valencianos merecen. Para ella, esta falta de recursos es una verdadera injusticia que requiere atención inmediata.

Bajo el lema de una justicia "más moderna y ágil", la consellera enumeró varios objetivos de su departamento, que incluyen el apoyo a las víctimas de delitos, con un enfoque particular en la violencia de género, así como la defensa del autogobierno y una apuesta por la convivencia pacífica entre las distintas fuerzas políticas. Sin embargo, subrayó que tras la devastadora dana del 29 de octubre, estos esfuerzos han quedado en un segundo plano, llevando a su equipo a priorizar la asistencia a víctimas y la reprogramación de procesos judiciales.

En un momento crítico de recuperación, la consellera destacó la importancia de equilibrar el dolor por los que se han perdido con la necesidad de reconstruir vidas y proyectos. "No podemos fallarles", enfatizó, subrayando su responsabilidad hacia las víctimas y los afectados por la tragedia.

Con respecto a sus demandas al Gobierno central, Martínez subrayó su "firmeza" en exigir medidas que han sido solicitadas durante mucho tiempo. En su encuentro con Bolaños, buscará reiterar estas necesidades esenciales que, desde su perspectiva, no deben seguir siendo ignoradas. "Desde el más absoluto respeto, no podemos permitir que nuestras demandas sean desatendidas repetidamente", afirmó con determinación.

Entre sus peticiones concretas se encuentran la creación de nuevos juzgados, la igualdad en las plantillas de juzgados de la misma jurisdicción y la necesidad de aumentar el personal en las oficinas de apoyo directo a los juzgados de paz más sobrecargados. También abogó por el desarrollo de la carrera profesional de los funcionarios de Justicia y la implementación del teletrabajo en la administración.

Además, instó al Ministerio de Justicia a mejorar la coordinación con las comunidades autónomas que tienen transferidas estas competencias, buscando una homogeneidad en el desarrollo de procesos que asegure una justicia equitativa para todos los ciudadanos.

En otro aspecto de su intervención, Martínez defendió el autogobierno de la Comunidad Valenciana y la capacidad de legislar en materia de derecho civil, tal como establece el Estatut d'Autonomia. "Siempre estaremos alineados con Les Corts Valencianes", afirmó, destacando la importancia de este marco legislativo para la identidad regional.

La consellera también se comprometió a continuar con los esfuerzos encaminados a la verdad y reparación en relación con las víctimas de la guerra civil y la dictadura, enfatizando que su objetivo no es reabrir viejas heridas sino cerrar capítulos de sufrimiento a través de la memoria y la concordia.

Sin embargo, no tardaron en surgir críticas desde la oposición. José Díaz, del PSOE, caracterizó las propuestas de Martínez como un "papelón mojado", insinuando que su nombramiento y el de sus colegas son más un ejercicio de "maquillaje" político que un verdadero compromiso con los problemas de la sociedad. Igualmente, otros miembros de la oposición, como Jesús Pla de Compromís y David Muñoz de Vox, cuestionaron su capacidad de acción frente a los problemas judiciales y la gestión toca de la crisis.

A pesar de las críticas, la consellera destacó su compromiso a largo plazo de trabajar por mejoras significativas en el ámbito judicial, así como su intención de colaborar con todos los grupos políticos para lograr avances en cuestiones que afectan directamente a la justicia en la Comunitat Valenciana. En una fase de tanta incertidumbre, Martínez se mantiene firme en su misión de justicia y equidad para todos los valencianos.