En un reciente acto en València, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, reafirmó su compromiso con la reducción del 10% en el impuesto de transmisiones patrimoniales, medida que beneficiará a todos los ciudadanos valencianos. Este anuncio se produce en un momento crítico, mientras la región enfrenta una creciente crisis de vivienda.

Acompañado de numerosos representantes de distintos sectores, Mazón informó que ya se están construyendo más de 4.000 viviendas de protección, parte del ambicioso plan Vive que prevé la construcción de 10.000 viviendas hasta 2027. La mayoría de estas iniciativas están en marcha en la provincia de Alicante, con proyecciones para aumentar aún más la oferta de viviendas a través de asociaciones público-privadas y terrenos de propiedad pública.

En esta reunión, el president compartió cifras alentadoras: más de 317 municipios han participado en el plan Vive y se están evaluando 206 solares para su desarrollo. "La meta de 10.000 viviendas ya no parece inalcanzable", afirmó con optimismo, sugiriendo que el esfuerzo conjunto está empezando a dar frutos.

De las más de 4.000 viviendas en diferentes etapas de desarrollo, Mazón destacó que 3.050 son fruto de colaboraciones público-privadas, destacando la preponderancia de proyectos en Alicante frente a Valencia y Castellón. Además, subrayó que hay más de 1.200 iniciativas privadas que ya están en proceso de calificación gracias a un nuevo decreto impulsado por el Consell.

La Generalitat también planea licitar otras 1.228 viviendas antes de que concluya el año, aprovechando solares disponibles en las tres provincias de la comunidad. Según los planes, se espera que más de 15.000 personas se vean beneficiadas por estos proyectos, con una inversión prevista que superará los mil millones de euros.

Mazón enfatizó que la prioridad principal del gobierno regional es abordar la crisis de vivienda mediante el plan Vive, que ha comenzado a reactivar el sector de la construcción. Defendió la importancia de la vivienda social, manifestando que "nadie debería tener que elegir entre pagar el alquiler o llenar la nevera", y abogó por una reconfiguración del sector para que pueda participar en soluciones sociales.

El acuerdo firmado en este contexto busca modernizar y gestionar de manera más eficiente el parque de vivienda pública, ajustándolo a las nuevas realidades sociales. Mazón informó que para finales de este año se iniciará la aprobación de un nuevo decreto orientado a establecer normas claras y justas, que faciliten la inversión y que también aborden problemas como la ocupación ilegal.

Además, el president ha reafirmado su objetivo de crear un entorno fiscal y de financiamiento que promueva la adquisición de vivienda. En este sentido, reiteró su compromiso con la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales, subrayando que esto no solo alivia la carga fiscal, sino que también fomenta un mercado de vivienda más accesible.

Por otra parte, se presentará un "distintivo Vive" que respaldará a todas las empresas involucradas en este plan, otorgando un reconocimiento a su compromiso con el desarrollo de vivienda asequible.

El acto fue respaldado por representantes de diversas organizaciones y entidades del sector, quienes, a través de un acuerdo consensuado, buscan mejorar la situación de la vivienda en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, Fernando Cos-Gayón, advirtió sobre la grave crisis de vivienda y la necesidad de un pacto estatal que impulse cambios significativos en el sector.

La vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, subrayó que la política de vivienda es una prioridad tanto ética como política para el Consell, indicando que el objetivo es implementar soluciones ambiciosas para un desafío que requiere la atención conjunta de todos los actores implicados.