La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) ha puesto de relieve la esencialidad del diálogo social en el marco de la reciente crisis desencadenada por las inundaciones, y los sindicatos CCOO y UGT han demandado acciones más contundentes y amplias para apoyar a aquellos trabajadores que se encuentran en una situación de desempleo de larga duración.

VALENCIA, 20 de diciembre. En un anuncio significativo, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha revelado que el gobierno autonómico destinará "aproximadamente 11 millones de euros" para implementar un complemento de 360 euros dirigido a cerca de 30.000 trabajadores que se hallan bajo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) debido a los efectos devastadores de las riadas ocurridas el pasado 29 de octubre. Este apoyo económico será entregado de manera "automática" y "sin burocracia" en el mes de enero.

Mazón hizo esta declaración en una reunión celebrada en el Palau de la Generalitat, donde estuvo acompañado por diversas figuras clave, incluidos el presidente de la CEV, Salvador Navarro, la secretaria general de CCOO PV, Ana García, y la vicesecretaria general de UGT PV, Marisa Baena, así como otros consejeros relacionados con los servicios sociales y el empleo.

El presidente destacó que cada trabajador que esté en un ERTE de fuerza mayor debido a las recientes inundaciones recibirá un apoyo de "360 euros, en un único pago, automático, sin burocracia ni papeleo" que será depositado en enero. En sus palabras, “serán ayudas automáticas que se ingresarán en ese mes”, subrayando la agilidad del proceso.

La iniciativa de ayudas "a fondo perdido" cuenta con una inversión de 10,8 millones de euros provenientes de fondos propios, y está diseñada para ser gestionada de manera eficaz a través de Labora, el servicio valenciano de empleo y formación. Esta metodología facilita que aquellos que ya están recibiendo prestaciones vinculadas a los ERTE no se vean obligados a realizar gestiones adicionales para beneficiarse de esta ayuda complementaria.

Mazón comparó esta ayuda con el esquema anterior utilizado durante la crisis de la COVID-19, donde la Generalitat otorgó un pago de 100 euros por persona afectada. "Esta medida no solo busca la justicia, sino que también actúa como una compensación extraordinaria que la Generalitat Valenciana está lista para poner en marcha con una significativa inversión de recursos", enfatizó el líder regional.

Para ser elegibles para esta ayuda, los trabajadores deben ser beneficiarios de prestaciones por desempleo debido a la suspensión total de su contrato derivada de un ERTE de fuerza mayor como consecuencia de las inundaciones, y deben continuar en esta situación hasta el 31 de diciembre.

En un contexto paralelo, Mazón anunció que se ha dado luz verde a un primer pago de más de 13 millones de euros en ayudas para autónomos sin empleados, asegurando que hasta 13.300 beneficiarios podrían recibir ayudas de 3.000 euros antes de final de año, sumando un desembolso inicial de 40 millones de euros en esta iniciativa. Estas subvenciones también prometen ser efectivas y eficaces, minimizando la burocracia para los autónomos que están atravesando por dificultades.

Desde su posición, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, destacó la importancia del diálogo social al manifestar su apoyo a las medidas anunciadas y a la colaboración entre los distintos actores del ámbito laboral: "Es esencial que los trabajadores que están en ERTE sean conscientes del diálogo social que opera en esta comunidad", afirmó.

No obstante, las representantes de CCOO y UGT brindaron sus valoraciones sobre el anuncio en un punto de prensa separado, alegando que no desean comparecer junto a Mazón. Ana García, de CCOO PV, mencionó que la propuesta de apoyo presentada "no es en esencia algo nuevo", enfatizando que fue una solicitud conjunta hecha con anterioridad a la administración. “Celebramos que, tras varios días, finalmente se estén materializando estas ayudas que son urgentes para los trabajadores afectados”, añadió García.

La líder sindical también recordó que los trabajadores reciben el 70% de su base reguladora, lo que aunque proporciona cierto amparo, no evita la reducción de ingresos. Además, propuso realizar un análisis continuo sobre la duración de los ERTE, sugiriendo la posibilidad de implementar más ayudas similares si la situación lo requiere.

Por su parte, Marisa Baena, vicesecretaria de UGT PV, reafirmó que las ayudas solicitadas fueron propuestas en noviembre y afirmó que el ánimo entre los trabajadores es de "rabia y sobre todo de incertidumbre" respecto a su futuro, un clima que consideró complicado de superar en el corto y mediano plazo.

Finalmente, Baena hizo hincapié en la necesidad de un seguimiento continuo de la protección a los trabajadores afectados y compartió que se ha planeado una mesa de seguimiento "probablemente para marzo" para evaluar la situación. “Desde los sindicatos, estaremos vigilantes para garantizar que se efectúen estos pagos”, concluyó con firmeza.