Los estragos provocados por la reciente dana en la Comunitat Valenciana han levantado un fuerte debate sobre la gestión de infraestructuras y la prevención de inundaciones. Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ha denunciado que los daños materiales resultantes de esta catástrofe eran "difícilmente evitables", una situación que atribuye a la "escasa" ejecución de proyectos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Durante su intervención en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de Les Corts, el conseller explicó que los inundados, que sufrieron las consecuencias de las intensas lluvias del 29 de octubre, se enfrentan a una facturación económica estimada de 2.600 millones de euros para las tareas de reconstrucción que su departamento necesita llevar a cabo.

Mus subrayó que estos daños son en gran medida atribuibles a las condiciones meteorológicas extremas y a la insuficiente capacidad de los sistemas hídricos en la región, además de la falta de obras efectivas para prevenir inundaciones, señalando que el actual plan hidrológico no ha sido suficiente para mitigar los riesgos que la Comunitat Valenciana enfrenta.

De este modo, el conseller destacó la urgencia de revisar el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación (Patricova), un instrumento que considera fundamental para mejorar la gestión del riesgo en el futuro.

Martínez Mus también afirmó que la Generalitat, junto a los ayuntamientos, estará atenta y exigente respecto a las responsabilidades de la CHJ en la ejecución de las obras necesarias para prevenir nuevos desbordamientos. El objetivo es eliminar los obstáculos burocráticos que puedan ralentizar la implementación de estas intervenciones urgentes.

Con este propósito, el conseller aboga por una modificación de la Ley de la Huerta que permita mayor flexibilidad en la realización de proyectos relacionados con la canalización de ríos y barrancos. A su juicio, las actuaciones en los barrancos del Poyo y la Saleta han sido obstaculizadas por la burocracia y es crucial que esto cambie rápidamente.

Además, anunció que su departamento está elaborando un marco normativo "extraordinario y urgente" que buscará facilitar la ubicación de instalaciones temporales para la reconstrucción en los municipios afectados, simplificando también los procesos para restaurar las edificaciones dañadas.

Entre las propuestas se incluye la regulación de un Plan Urbanístico Especial de Reconstrucción, con el fin de gestionar adecuadamente los terrenos para la construcción de viviendas protegidas y la reubicación de industrias. Todas estas iniciativas, según Martínez Mus, son necesarias en un momento en que la rapidez en la burocracia es crucial para la recuperación de las áreas devastadas por la dana.

El conseller también reflexionó sobre las enseñanzas que deja esta experiencia, resaltando la importancia de "repensar nuestro modelo de territorio" y exigir al Gobierno español que cumpla con sus responsabilidades en la materia. "Debemos actuar en un marco legal, pero de manera excepcional", agregó.

Martínez Mus destacó la "infrafinanciación" que enfrenta la Comunitat Valenciana, enfatizando que es crucial demandar más recursos del Gobierno central para abordar las labores de reconstrucción. Expresó que la suma de 2.600 millones de euros es una cifra que no puede ser ignorada y que se necesita una mayor implicación del Gobierno español en este proceso.

Asimismo, hizo un llamado al Ejecutivo central para colaborar con la Generalitat a fin de que la Unión Europea también contribuya en estas labores de reconstrucción, manifestando su deseo de contar con el respaldo de todos los grupos en Les Corts para enfrentar este desafío conjuntamente.

Las críticas no se hicieron esperar desde la oposición. Ana Mª Bellver, del partido Vox, solicitó una "reforma integral" de la Ley de la Huerta y la eliminación del Consell de l'Horta, señalando la ineficacia de este organismo. Por su parte, desde Compromís, Juan Bordera acusó al actual Consell de haber recortado el presupuesto destinado a la canalización de ríos y barrancos al llegar al poder.

Rosario Navalón, del PSPV, rechazó la afirmación de que no existen informes que bloqueen las intervenciones en los barrancos y criticó la reducción de funciones del Consell de l'Horta, instando al gobierno valenciano a priorizar un desarrollo sostenible en lugar de favorecer intereses particulares.

En oposición a las críticas, Jesús Lecha del PP interrogó la falta de liderazgo en la CHJ durante la crisis, dirigiendo su descontento hacia Pedro Sánchez por su supuesta incapacidad para atender las demandas de los afectados. Mus, en su respuesta a estas acusaciones, defendió que la ley vigente ha resultatuado más como un impedimento que como una ayuda, y que en momentos de crisis no existen guías claras a seguir.

Finalmente, el conseller expresó su frustración al no haber recibido a la exministra Teresa Ribera en Valencia y cuestionó la falta de voluntad política del Gobierno para llevar a cabo las acciones necesarias en los barrancos, subrayando que estas preguntas persisten en su mente a diario.