VALÈNCIA, 22 Nov. - El Partido Popular (PP) y Vox han aprobado en Les Corts la bonificación del tramo autonómico del impuesto de sucesiones y donaciones al 99%, con los votos en contra del PSPV-PSOE y Compromís. Esta medida ha sido aprobada una semana antes de lo previsto.

En concreto, esta rebaja fiscal tendrá efecto retroactivo desde las elecciones autonómicas del 28 de mayo, ya que fue la primera medida aprobada por el gobierno. La bonificación, que actualmente está fijada en un 50%, aumentará al 99% en el caso de que la sucesión o donación beneficie a hijos, cónyuges, padres y madres.

Esta bonificación beneficiará directamente a aproximadamente 15.000 personas en el caso de las sucesiones y a otras 5.000 en el caso de las donaciones, a las que se suman las que han renunciado a heredar o a donar en vida. En cuanto a su impacto en los ingresos, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha explicado que podría ascender a 230 millones de euros en un año, lo que representa apenas el 1,1% del presupuesto autonómico.

Por parte del PP, el síndic Miguel Barrachina ha defendido que esta medida pone fin al infierno fiscal, mientras que la diputada de Vox, Teresa Ramírez, ha destacado que es una medida muy beneficiosa para las familias trabajadoras de la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, la oposición ha votado en contra de la medida y ha criticado que esta beneficiará exclusivamente a 20.000 personas. El portavoz adjunto del PSPV-PSOE, Arcadi España, ha instado al gobierno a gobernar para la mayoría y no solo para el 0,4% de los valencianos. Además, el síndic de Compromis, Joan Baldoví, ha calificado esta medida como una amnistía fiscal para las siete familias más ricas.

La aprobación de esta bonificación se ha adelantado una semana para evitar que los contribuyentes no pudieran beneficiarse de sus efectos retroactivos desde las elecciones autonómicas y municipales. El plazo para presentar la autoliquidación del impuesto de sucesiones es de seis meses desde el fallecimiento, y se habría cumplido el 28 de noviembre.

En la junta de síndics, el síndic del PP, Miguel Barrachina, explicó que se incluyó este punto en el orden del día del pleno para prevenir cualquier posible perjuicio, aunque no tenían conocimiento de ningún caso en concreto.