24h Valencia.

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PP y Vox impulsarán una comisión de investigación en Les Corts para examinar supuestas "anomalías" del Botànic en el ámbito público.

PP y Vox impulsarán una comisión de investigación en Les Corts para examinar supuestas

PP y Vox, los socios de gobierno en la Generalitat valenciana, han registrado este jueves su primera gran iniciativa conjunta en Les Corts: la petición de una comisión de investigación para dar a conocer las "irregularidades" que a su juicio cometió el anterior gobierno del Botànic en el sector público instrumental de la administración valenciana.

Según los síndics de PP y Vox, Miguel Barrachina y José Mª Llanos, esta comisión se centrará en el periodo del 2016 al 2023, cuando el gobierno del Botànic estaba en el poder, y aún falta por determinar quiénes serán los comparecientes. El objetivo de la comisión es frenar prácticas irregulares y duplicidades en el sector público, y determinar si hay responsabilidades.

Se ha señalado que el gasto se incrementó un 47% durante la etapa del Botànic, que 50 de los 54 entes presentan irregularidades, que se adjudicaron 254.000 contratos "a dedo" por 713 millones de euros en la pasada legislatura, y que en el 2022 se adjudicaron 4.000 contratos sin informes de la dirección general de Presupuestos.

Los representantes de PP y Vox han expresado la necesidad de que los valencianos conozcan la verdad sobre lo sucedido, y han destacado las graves irregularidades en el sector público. Además, se han denunciado contratos sin dotación presupuestaria en la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) durante la precampaña electoral del 28M.

La propuesta de la comisión pasará por el pleno de Les Corts en febrero, y posteriormente los miembros de la comisión definirán el calendario y los comparecientes. Hasta el momento, no se ha tomado ninguna decisión al respecto.

Ante las críticas del PSPV, que considera la auditoría anunciada por Mazón como una "operación Kitchen a la valenciana", los representantes de PP y Vox han defendido la necesidad de controlar el sector público y han rechazado la idea de estar construyendo un argumentario político, enfocándose en su papel de gobierno.