Pradas reclama al Gobierno que reactive el servicio ferroviario en Camporrobles para evitar su abandono.
En una visita a los municipios de Utiel y Camporrobles, la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha denunciado la situación de abandono en la que se encuentra la localidad de Camporrobles, que ha sido catalogada como un "pueblo fantasma" por la falta de servicio ferroviario. Pradas ha solicitado al Gobierno central la restitución del servicio y ha anunciado que la Generalitat está considerando alternativas de transporte en la comarca Requena-Utiel.
La consellera se reunió con los alcaldes de Utiel y Camporrobles, Ricardo Gabaldón y Faustino Pozuelo, respectivamente, para coordinar esfuerzos ante lo que consideran una falta de atención por parte del Gobierno. Según la Generalitat, están trabajando en una estrategia común para hacer frente a la situación.
Pradas ha hecho un llamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para mejorar el servicio ferroviario en Utiel y restablecer la histórica línea ferroviaria que ha sido eliminada. Mientras tanto, están evaluando opciones dentro de las competencias de la conselleria.
En Utiel, la reducción de la frecuencia de los trenes ha afectado a la población, con retrasos diarios de hasta 20 minutos en algunos casos. Esto ha llevado a la sustitución de algunos trayectos por autobuses que no cuentan con personal de asistencia y cuyos conductores, en ocasiones, no están familiarizados con la ruta a seguir. Además, hay tramos que no cuentan con conexión ferroviaria, como el trayecto hacia la pedanía de Las Cuevas y la localidad de Camporrobles en dirección a Cuenca.
En relación a Camporrobles, la consellera ha instado al Ministerio a buscar financiamiento a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea para reactivar el servicio ferroviario o extender la línea C-3 de València a Utiel para dar servicio a la localidad. Pradas ha destacado que la decisión de suprimir la línea Utiel-Cuenca-Aranjuez fue suspendida por el Tribunal Supremo, en respuesta a la petición de 11 municipios de Valencia, Cuenca y Madrid.
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