El personal dedicado a la gestión integral de los centros para personas dependientes ha levantado la voz ante la alarmante fuga de profesionales hacia otros sectores, lo que está provocando un notable deterioro en la calidad asistencial que se ofrece a los usuarios.

En un acto de protesta llevado a cabo frente al Palau de la Generalitat este martes, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han demandado al Consell que se concrete la homologación salarial acordada en 2022 para los empleados de centros de atención a personas dependientes, que incluyen centros de día, residencias para mayores, servicios de ayuda a domicilio, y otros. Esta situación afecta a alrededor de 4.000 trabajadores que se encuentran en condiciones laborales "precarias".

Con gritos de "Susana Camarero, ¿dónde está mi dinero?", en alusión a la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, y mensajes como "licitaciones ya" y "queremos vivir, no sobrevivir", el personal de estos centros ha exigido mejoras laborales. En la protesta también se exhibieron lápidas simbólicas con los nombres de los centros que tienen contratos caducados y el mensaje claro: "la Conselleria nos olvida".

José Marchante, responsable del ámbito sociosanitario y dependencia de UGT PV, ha subrayado que en noviembre de 2022 se firmaron acuerdos con el Consell para implementar tablas salariales que debían entrar en vigor en el primer semestre de 2023, con el fin de igualar los salarios de los trabajadores de gestiones integrales a los de aquellos que laboran en centros gestionados directamente por la Generalitat.

Sin embargo, tras el cambio de gobierno, el nuevo Consell ha sido acusado de retrasar las licitaciones, amparándose en "excusas" como el decreto de tipologías y la regulación de pagos a proveedores. Marchante ha indicado que hay unos 33 contratos caducados que involucran tanto centros de día como residencias y demás, lo que impide la implementación de la tabla B, esencial para la equiparación salarial.

El impacto de esta situación es evidente, según ha alertado: "se ha producido una pérdida considerable del poder adquisitivo, y hay personas que no logran llegar a fin de mes".

Por su parte, Ana Sánchez, representante de CCOO en el sector privado, ha enfatizado la urgencia de que se inicien las licitaciones para estos centros, que actualmente operan en prórrogas sin una solución clara a la vista.

Sánchez ha reiterado que la falta de un ajuste salarial está empujando a muchos profesionales a buscar alternativas en otros sectores donde los salarios son más competitivos, lo cual tiene un impacto directo en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.

En cuanto al diálogo con la Conselleria, la líder de CCOO PV ha señalado que ha sido "escaso". Las únicas reuniones mantenidas han sido sin avances significativos, con la constante espera de un decreto de tipologías que, según se anunciaba, debería haber mejorado las condiciones, pero que no ha materializado cambios en dos años.

Respecto a la reciente Ley de Simplificación Administrativa, Sánchez ha manifestado que los sindicatos no apoyan su implementación, ya que consideran que "empeora las condiciones tanto para el personal como para los usuarios", facilitando que se atienda a un mayor número de personas con menos recursos humanos disponibles.

Marchante ha compartido esta preocupación, al explicar que la nueva ley no solo reduce los ratios de personal, sino que también permite un incremento en el número de usuarios en los centros de mayores, lo que podría desbancar a las condiciones laborales favorables que se intentaban mantener.

Además, ha advertido que con esta legislación se está eliminando la preferencia por la gestión directa de los centros por parte de la administración, lo que abre la puerta a una privatización gradual de estos servicios, que recuerda a las condiciones de los años 90. "Estamos ante un cambio que permitirá que el sector privado tenga mayor injerencia en la gestión de estos centros, un paso que muchos sólo pueden catalogar como un retroceso en la atención a las personas dependientes", concluyó Marchante.