Los nuevos consellers en la Generalitat recibirán un salario que podría superar en un 15% el sueldo del president, asegurando así que su nómina no se vea afectada en medio de las exigentes labores de gestión pública.

VALÈNCIA, 26 Nov. — En un esfuerzo por responder a las apremiantes necesidades de los municipios impactados por la dana, el Consell ha aprobado recientemente un decreto ley que introduce medidas extraordinarias de gestión, organización y movilidad del personal público. Este conjunto de medidas está diseñado para ofrecer una “respuesta inmediata” a las alteraciones en la prestación de servicios públicos.

El decreto tiene como objetivo principal “reforzar áreas clave” mediante intervenciones urgentes que faciliten tanto la gestión de la emergencia actual como las fases posteriores de recuperación y retorno a la normalidad en las regiones afectadas.

Las medidas serán de carácter provisional y se aplicarán “durante el tiempo que sea necesario” para garantizar que los servicios públicos en los municipios afectados puedan normalizarse, según ha informado la Generalitat a través de un comunicado oficial.

Una de las primeras acciones incluidas en este decreto es la aceleración de los trámites para permitir que el personal público que así lo desee pueda prolongar voluntariamente su permanencia en el servicio activo, aunque llegue a la edad de jubilación forzosa. Esta medida se implementa con la intención de seguir beneficiándose de la experiencia y el conocimiento de estos profesionales.

Asimismo, se establece un procedimiento para la selección rápida de personal temporal, utilizando las bolsas de empleo existentes dentro de todos los sectores de la Generalitat, que incluye áreas sanitarias, educativas y de justicia. Esto también incluirá la posibilidad de acceder a personas desempleadas registradas en Labora, asegurando así una respuesta rápida a las crecientes demandas laborales.

Entre las disposiciones adicionales, se contempla la posibilidad de asignar tareas distintas al personal existente o realizar adscripciones temporales a través de un proceso más sencillo, priorizando siempre la voluntariedad. Como medida excepcional, se permitirá organizar turnos matutinos o vespertinos para optimizar la disponibilidad del personal público.

La Generalitat destaca la importancia de “optimizar los recursos humanos y técnicos” en esta “situación excepcional” para poder abordar la crisis provocada por la dana. Al respecto, se menciona que la normativa estatal facilita la implementación de medidas temporales vinculadas a situaciones de emergencia, proporcionando un marco para adaptar las actuaciones de la administración autonómica.

En este sentido, resulta fundamental habilitar a los órganos competentes para modificar los programas existentes de forma temporal, asegurando que se puedan atender las necesidades específicas derivadas de la emergencia y gestionar cualquier daño causado.

Con la adaptación de estos programas, la administración busca no solo cumplir con los objetivos inicialmente planteados, sino también contribuir de manera efectiva al proceso de recuperación frente a la crisis ocasionada por la dana.

La normativa también permite que la duración de los programas temporales se extienda según las necesidades emergentes de recuperación, lo que resalta la importancia de mantener la estabilidad y continuidad en los recursos destinados a la gestión de la crisis.

Adicionalmente, se establecerá la excepcionalidad prevista en el Real Decreto Ley 7/2024, que regula la situación de los funcionarios interinos nombrados en puestos vacantes desde el 8 de julio de 2021, en relación con la atención a las necesidades derivadas de la emergencia. Este decreto señala que el cese de dichos interinos podría diferirse hasta un máximo de dos años, siempre que continúen desempeñando funciones relacionadas con la crisis.

Finalmente, el decreto contempla dos disposiciones finales que modifican la norma vigente para ajustarla a las necesidades derivadas de la situación de emergencia, asegurando así una respuesta adecuada en el contexto actual. La primera modificación busca garantizar que aquellos que se integran en las tareas de reconstrucción y recuperación no vean disminuidas sus retribuciones previas, las cuales reflejan sus capacidades y experiencia previas.

Las retribuciones, comprendiendo a personal de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado, se equipararán a las estipuladas en la ley de presupuestos para altos cargos de la Generalitat, o a las que les correspondan por su puesto de trabajo previo.

Es notable que esta incorporación de personal también incluye a quienes no se encuentren en servicio activo por diferentes razones, lo que amplía el acceso a recursos valiosos para la tarea de recuperación.

En el nuevo Consell, el teniente general del Ejército de Tierra retirado, Francisco José Gan Pampols, asumirá el rol de vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, liderando el desarrollo de un plan de recuperación y la coordinación de las labores de reconstrucción en las zonas afectadas.

Como parte de este equipo, el general de brigada del Ejército de Tierra, Venancio Aguado de Diego, en situación de reserva, ocupará la Secretaría Autonómica del gabinete del vicepresidente, con responsabilidades específicas en la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana. Gan Pampols ha anunciado la creación de dos subsecretarías, dedicadas respectivamente a la reconstrucción y a las relaciones con las Administraciones.

En relación con el cálculo de las retribuciones para quienes se integren en el Consell, se considerará la actualización de los salarios que habrían percibido de haber permanecido en su puesto de servicio activo anterior.

Sin embargo, se estipula que esta aplicación no es válida para aquellos altos cargos que, como condición para su nombramiento, necesiten cumplir con los requisitos establecidos en la normativa específica sobre funcionarios. Así, el límite del 15% mencionado no será aplicable a los miembros del Consell ni a los altos órganos de las consellerías.

La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, respondió acerca de esta última disposición en una rueda de prensa tras el pleno del Consell, argumentando que no participó en las negociaciones de este decreto y, por lo tanto, no dispone de detalles sobre este punto “muy concreto y específico”. Sin embargo, destacó que los sindicatos estuvieron presentes en la negociación y que dieron su aprobación a las medidas planteadas.