ALICANTE, 5 de diciembre.

La Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana, liderada por Ángel Luna, ha concluido una investigación sobre las preocupantes demoras en la valoración de la discapacidad. En este contexto, la Conselleria de Servicios Sociales se ha comprometido a adoptar algunas de las recomendaciones sugeridas para aliviar esta situación crítica, que actualmente tiene a 61.000 expedientes en espera de resolución.

Según un comunicado emitido por la Sindicatura, la valoración del grado de discapacidad es un proceso crucial para que las personas accedan a ayudas, prestaciones y derechos sociales. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, muchas personas han estado esperando más de un año para que sus expedientes sean revisados, lo que ha generado un considerable descontento social y un aumento significativo en las quejas desde el año 2024.

Ante este panorama, el defensor del pueblo valenciano ha presentado un conjunto de nueve recomendaciones a la Conselleria, haciendo hincapié en la urgente necesidad de incrementar los recursos humanos, establecer más equipos de valoración, acelerar el uso de nuevas tecnologías en el proceso y ofrecer información más clara a los solicitantes sobre los plazos de resolución.

La Conselleria ha accedido a implementar seis de estas propuestas, aunque aún no ha definido plazos específicos para su puesta en marcha, según se informa desde la Sindicatura. Entre las acciones anunciadas, destaca la contratación temporal de 24 nuevos profesionales para los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidad en las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, además de la creación de una nueva orden reguladora del procedimiento y la introducción de una herramienta informática para optimizar la gestión.

Se espera que estas medidas contribuyan a reducir la abultada lista de expedientes pendientes que, según datos proporcionados a la Sindicatura, supera los 61.000. Este número pone de manifiesto la seriedad de la situación y la urgencia de implementar soluciones efectivas.

No obstante, la administración ha decidido no llevar a cabo la recomendación de informar a cada solicitante de manera individual sobre el tiempo estimado para la resolución, alegando que implicaría una carga administrativa que no está contemplada por la ley, según lo indicado por el Síndic.

Asimismo, se ha descartado la propuesta de crear más equipos de valoración en los departamentos sociales y de emitir resoluciones provisionales para aquellos que esperan revisión, a pesar de que Luna considera estas medidas como necesarias para asegurar una gestión adecuada y disminuir la incertidumbre de los solicitantes.

Luna ha señalado que el tiempo promedio de espera para la valoración de la discapacidad es actualmente de un año y medio y ha confirmado su intención de hacer un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de las medidas que han sido aceptadas por la Conselleria.