VALÈNCIA, 11 de enero. Un grupo de asociaciones que representan a las víctimas de la devastadora DANA ha organizado una manifestación para mañana frente a los juzgados de Catarroja. Esta protesta coincide con el careo establecido por la magistrada entre Salomé Pradas, la exconsellera de Emergencias que se encuentra bajo investigación, y José Manuel Cuenca, quien fue el jefe de gabinete del antiguo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

La jueza de Catarroja, encargada de investigar la gestión relacionada con la DANA que causó la trágica pérdida de 230 vidas y enormes daños materiales en la provincia de Valencia, ha determinado la necesidad de un careo. La magistrada considera que "aclarar la coherencia de las declaraciones de los implicados con las pruebas presentadas a la causa debe llevarse a cabo en un entorno judicial". En este sentido, la jueza ha indicado que la confrontación entre las versiones de Pradas y Cuenca es crucial para la investigación en curso.

Con el propósito de visibilizar su demanda de justicia, las asociaciones de víctimas han convocado la manifestación a las 9:00 horas, de manera que su voz resuene en un momento clave de los procederes judiciales para los responsables de la tragedia.

En su escrito, la magistrada subraya que la defensa de Pradas ha presentado un acta notarial que incluye una serie de mensajes de WhatsApp entre ella y Cuenca. Además, se ha registrado una segunda declaración de Cuenca que proporciona una interpretación "claramente diferente" de los textos, ya que el testigo ha argumentado que estos estaban "fuera de contexto". La jueza sostiene que estas discrepancias, junto con las declaraciones públicas de Pradas sobre la posible incomodidad que podría causar a Mazón, justifican la celebración de un careo entre ambos.

La jueza aclara que, aunque el careo es considerado un medio probatorio "excepcional", también es fundamental tener en cuenta que la narrativa que presenta la investigada no puede ser simplemente un compendio de sus diferentes declaraciones. Debe existir una distinción clara entre sus respuestas en sede judicial, sus manifestaciones públicas sin asistencia legal y su reciente testimonio en una comisión de investigación, donde mostró indecisión sobre si debía declarar o no, a pesar de haberse acogido inicialmente a su derecho de no hacerlo.