En un acto de gran relevancia, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, compareció el pasado martes ante la comisión del Congreso destinada a investigar la gestión de la catástrofe de la dana. Durante su intervención, expresó que la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, si bien no alivia completamente su sufrimiento, sí supone un "alivio" y una esperanza de que su eventual encarcelamiento sea más tangible.

Álvarez comenzó su discurso agradeciendo la formación de la comisión, a pesar de la oposición del Partido Popular y Vox, subrayando la importancia de que las víctimas pudieran tener la primera palabra en esta serie de comparecencias. "Esto renueva nuestra confianza en las instituciones y nos acerca a la justicia y a la reparación que buscamos", afirmó con firmeza.

La activista contrastó la acogida que han recibido en esta comisión con la falta de atención que les han brindado otras instancias. "En el Senado ni siquiera nos han llamado, y en la diputación valenciana solo conseguimos ser escuchados en el último instante. En las Cortes, nuestro derecho a narrar la verdad fue negado hasta que la presión pública obligó a un cambio", recordó.

Durante su intervención, Álvarez enfatizó que los líderes políticos de la Comunidad Valenciana contaban con la educación y las herramientas necesarias para prevenir desastres. "No se trataba de decirle a la lluvia cómo debía actuar, sino de informar a la población sobre cómo protegerse", aclaró, exigiendo responsabilidad a aquellos que, en su opinión, no supieron gestionar adecuadamente la crisis.

Rosa destacó que los fallecidos no lo fueron por culpa de la naturaleza, sino por una gestión deficiente y la falta de consideración hacia las advertencias científicas. "Nuestros seres queridos no murieron a causa del clima, sino por negligencia y falta de previsión, cuando la alerta llegó demasiado tarde", lamentó con evidente dolor.

Aunque Álvarez no espera que la comisión resulte en condenas inmediatas, insistió en que su finalidad debe ser garantizar que tragedias similares no se repitan en el futuro. Afirmó que la renuncia de Mazón puede no mitigar el sufrimiento de las víctimas, pero es un "alivio moral y una victoria social", ya que el responsable de la tragedia ya no representa a una sociedad que se levantó en busca de justicia.

“Esto es una prueba tangible del poder que tienen las pequeñas acciones en la lucha por la justicia. La dimisión de Mazón es solo el primer paso; el siguiente es verlo tras las rejas. Estamos más cerca de lograrlo”, aseguró Álvarez con determinación.

La emotividad de su discurso se hizo palpable cuando planteó interrogantes desgarradores sobre la pérdida de su padre y cómo la memoria de las víctimas no debería ser reducida a simples cifras. “¿Cuántas veces tiene que morir mi padre? ¿Cuántas más deben morir para que los responsables reconozcan sus errores y paguen por sus inacciones?”, cuestionó con vehemencia.

Álvarez reiteró que su lucha continua un año después de la tragedia es para asegurarse de que no haya impunidad y de que las muertes de su padre y de otros no sean olvidadas ni en vano. Instó a todos, incluidos aquellos que apoyaron a Mazón y a quienes niegan la realidad del cambio climático, a escuchar su testimonio.

Antes de dar voz a las víctimas, Carmen Martínez Ramírez, presidenta de la comisión, abrió la sesión mostrando su deseo de que su trabajo no solo conlleve un consuelo, sino que permita alcanzar una justicia que las víctimas merecen. Se comprometió a que la comisión sea un espacio de "escucha y reconocimiento", iluminando los trágicos eventos de aquel día fatídico para que nadie más tenga que enfrentar "tanto dolor y tanta injusticia".

Martínez también hizo hincapié en el deber del Congreso de escuchar a los afectados, recordando que su derecho ha sido ganado por la lucha y la humanidad que representan. A los miembros de la comisión les pidió respeto y paciencia, anticipando momentos de alta tensión, y les exigió estar “a la altura” de la gravísima situación que se está tratando.