El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha tomado la decisión de presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo tras el trágico incidente de la muerte de un trabajador de Tragsa, ocurrido durante el colapso de un porche en el colegio Lluís Vives de Massanassa, Valencia, afectado por las recientes inclemencias meteorológicas. Lamentablemente, este derrumbe también dejó a otro empleado con heridas. El sindicato ha afirmado con contundencia que en este caso las "medidas preventivas necesarias para garantizar la estabilidad del lugar y el edificio en el que se estaba trabajando no estaban aseguradas".

En una rueda de prensa celebrada este jueves, Beatriu Cardona, portavoz de Intersindical, presentó la situación rodeada de preocupaciones acerca de la seguridad en los centros educativos impactados por la dana. En la misma sesión informativa, estuvieron presentes otros representantes del sindicato, como Marc Candela, coordinador de Acció Sindical de STEPV, Joan Miquel Tomás, responsable de Salut Laboral, y Gabriel Alemany, a cargo de los Servicios Jurídicos. Juntos analizaron el complicado estado en que se encuentran los distintos recintos educativos involucrados.

Cardona reveló que la Conselleria de Educación poseía dos informes que alertaban sobre el estado de peligro del centro. Incluso, el propio Ayuntamiento de Massanassa había emitido un comunicado el pasado 9 de noviembre señalando que el centro estaba clasificado como "nivel rojo", lo que prohibía el acceso al mismo. Esta situación lleva a Cardona a calificar de "incomprensible" e "intolerable" que a pesar de estas alertas, el domingo 24 de noviembre, dos operarios de Tragsa trabajaran en el lugar sin ninguna medida de seguridad adecuada.

“Estos informes, uno de carácter técnico, advierten que el centro estaba en un nivel de riesgo y deberían haber impedido toda actividad en el área. Es crucial señalar que los propios estudiantes ya eran conscientes de que no regresarían a su institución en lo que resta del curso escolar, y aun así, la Conselleria de Educación junto con Tragsa decidieron enviar a los trabajadores”, manifestó Cardona, enfatizando que tal decisión reflejó "una negligencia grave".

Con el objetivo de esclarecer lo sucedido, el sindicato espera que la Inspección de Trabajo implemente las medidas necesarias para aclarar los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Preguntada sobre si hay otros centros en situaciones similares, Cardona criticó la “falta de información transparente proveniente de la Conselleria de Educación”. Según su testimonio, la comunidad educativa carecía de datos sobre a dónde se estaban enviando a los operarios para llevar a cabo trabajos de intervención.

Además, aseguró que los equipos directivos de las escuelas solo llegan a conocer que los operarios intervienen en sus centros una vez que estos ya han llegado, afectando especialmente a aquellos considerados ruinosos, y lamentó que no se haga pública la naturaleza de dichas intervenciones.

“Si un centro ha sido declarado en ruinas, la intervención adecuada debería ser la demolición del edificio. Los informes del Servicio de Infraestructuras de la Conselleria ya lo han indicado. Es evidente que no se puede hacer más que retirar el edificio en tales casos”, destacó Cardona, reflejando el descontento del sindicato por la gestión del asunto.

Gabriel Alemany, responsable de Servicios Jurídicos de STEPV, informó que solicitarán información a la Conselleria sobre quién está certificando los daños en las estructuras de los centros, y advirtió que si no obtienen respuestas adecuadas, llevarán el asunto a la Inspección de Trabajo y presentarán más denuncias. Además, Alemany exigió que sólo profesionales técnicos calificados deberían estar a cargo de estas certificaciones y no meramente inspectores educativos, subrayando que tales evaluaciones conllevan una gran responsabilidad penal.

“Una certificación no es algo que pueda llevar a cabo cualquier persona; debe realizarse por un técnico competente, como un arquitecto. Es inaceptable que se dé luz verde a un lugar solo porque un inspector lo considere a simple vista apto”, reafirmó Alemany.

En lo que respecta a la higiene de las instalaciones, el responsable de Salud Laboral del sindicato estimó que cerca del 90 por ciento de los centros educativos no cuentan con una certificación de limpieza adecuada. Resaltó que este tipo de validación debe ser realizada por una empresa profesional certificada, tal como ocurre con los análisis estructurales.

“Es intolerable que haya lugares donde los visitantes se encuentren con paredes cubiertas de hongos. Esta situación no puede ser tolerada por ninguna de las partes involucradas: ni por la comunidad educativa, ni por los alumnos; son seres humanos los que están dentro de esos espacios”, afirmó, poniendo de manifiesto la gravedad de las condiciones actuales.

El mensaje del sindicato es claro; buscan conocer si los centros tienen las certificaciones necesarias, quién las emitió y las fechas pertinentes, además de asegurar la salubridad y seguridad del entorno escolar para todos sus integrantes. “Entendemos y subrayamos que el principal objetivo de este sindicato es que el alumnado permanezca escolarizado y recuperar la normalidad lo antes posible, pero esto debe hacerse de manera adecuada, sin comprometer la salud y seguridad de estudiantes y personal”, concluyó enfatizando Cardona.

En un tono de firme denuncia, Cardona criticó a la Conselleria de Educación por anunciar la reapertura de colegios aún sin haber realizado las adecuadas inspecciones y alegó que se está generando una “falsa sensación de normalidad” entre la comunidad escolar.

Por su parte, STEPV proporcionó un panorama más amplio del estado de los centros a partir de la recopilación de información de 110 instituciones visitadas en 28 localidades, en la que participaron alrededor de 50 representantes del sindicato y delegados de distintas instancias. A partir de estos datos, proponen una serie de mejoras que incluyen crear una unidad de emergencia educativa para coordinar acciones, acelerar procesos de certificación de limpieza y seguridad, así como dotar recursos específicos para reubicar al alumnado y personal de manera eficiente.

Finalmente, el sindicato ha reiterado su exigencia de la dimisión del conseller de Educación, José Antonio Rovira, señalando que su gestión ha dejado a la comunidad educativa sin apoyo en una situación crítica y que su incapacidad para enfrentar adecuadamente la catástrofe es inaceptable.