VALÈNCIA, 17 de diciembre.

Este miércoles, el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, compareció nuevamente ante el tribunal de Catarroja para concluir su testimonio sobre la gestión de la devastadora dana ocurrida el 29 de octubre de 2029, que dejó un trágico saldo de 230 vidas. Su presencia en el juzgado se esperaba con gran anticipación, dado que él ocupa el puesto de mayor responsabilidad dentro del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y volvió a su puesto el mismo día del desastre, tras un breve periodo de vacaciones.

Suárez llegó a la sede judicial alrededor de las 9 de la mañana, tras no haber podido finalizar su declaración en una sesión anterior el 4 de diciembre, que se extendió por más de ocho horas. En la ocasión anterior, Suárez había empezado a esbozar cómo se manejó la situación de emergencia.

Durante su primer testimonio, el subdirector relató que, antes de la reunión del Cecopi, que comenzó a las 17:15 horas, propuso activar alertas para advertir a la población sobre la inminente crisis. Esto ocurrió tras la visualización de imágenes de personas atrapadas en los tejados en localidades como Utiel y Requena, lo que generó una creciente preocupación por el bienestar de quienes se encontraban en peligro.

Desde el momento en que se reconstituyó el Cecopi, Suárez destacó que su principal temor era la posibilidad de que aquellos en riesgo sufrieran hipotermia. Aun sin haber formalmente conectado al equipo de emergencias, sugirió la utilización del sistema de alertas para disparar notificaciones a teléfonos móviles, aunque no se refirió específicamente a Es-Alert.

Conectados ya en el Cecopi, diversos actores comenzaron a intervenir, incluyendo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, quien puso sobre la mesa la situación de la presa de Forata, que empezaba a verter agua y podría llegar a un escenario crítico.

En una compleja red de comunicaciones, se intercambiaron mensajes sobre los municipios potencialmente afectados, momentos que marcaron un cambio crucial en la forma de manejar la crisis. Fue en ese instante que Suárez reiteró la importancia de informar a la población mediante alertas, aunque el apoyo a sus propuestas fue escaso.

Las discusiones acerca de cómo comunicar la situación continuaron, con algunos miembros del equipo expresando preocupaciones sobre el potencial de crear pánico, mientras que otros abogaban por la necesidad de que los alcaldes de los municipios afectados fueran informados antes de tomar cualquier decisión.

A medida que se avanzaba la tarde, se debían coordinar acciones para enviar mensajes a la ciudadanía. Finalmente, a las 19 horas, se retomó la reunión en el Cecopi, donde se deliberó si debía emitirse un mensaje de alerta, optando por ello en lugar de una evacuación. Suárez presentó el contenido del mensaje a la delegada del Gobierno, quien hizo varias preguntas y resaltó la necesidad de usar diferentes canales audiovisuales para mayor efectividad en la comunicación.

La incertidumbre también se cernía sobre las posibles repercusiones legales del mensaje de aviso que se estaba preparando, sobre todo en relación con los aspectos del confinamiento. En este sentido, se decidió ampliar el alcance del mensaje a toda la provincia de Valencia, en vez de restringirse a la cuestión de la presa Forata.

La versión final del mensaje fue revisada y ajustada antes de su envío, teniendo en cuenta el idioma y la claridad de la información. Finalmente, el aviso fue transmitido a las 20:11 horas, tras una cuidadosa preparación en una jornada que fue testigo de una serie de decisiones críticas en tiempos de crisis.