El socio minoritario del Gobierno está advirtiendo sobre la necesidad de establecer condiciones para la condonación de deudas a las comunidades autónomas, insistiendo en que este respaldo estatal no puede implicar recortes fiscales a los sectores más adinerados.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, ha descrito la propuesta de rebaja de deuda como "una acción modesta" que, en su opinión, debe fijar como requisito el cese del "dumping fiscal" entre las distintas comunidades. Esta preocupación, manifestó, ha sido transmitida a sus compañeros del PSOE sin recibir respuesta alguna hasta ahora.

En este contexto, Sumar ha presentado observaciones al anteproyecto en cuestión, sugiriendo que el Estado asuma una parte adicional de la deuda, particularmente dirigida a la Comunidad Valenciana, de unos 7.000 millones de euros. Esta solicitud responde a los gastos extraordinarios que la región ha tenido que enfrentar tras los desastres provocados por las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

Durante una entrevista en TVE, Díaz subrayó que su partido aboga por mejoras técnicas en el proyecto de ley que el Ministerio de Hacienda planea llevar al Consejo de Ministros, cuyo objetivo es asumir hasta 83.252 millones de euros, beneficiando principalmente a comunidades como Andalucía y Cataluña.

“Consideramos que esta propuesta es insuficiente. Desde Sumar, hemos planteado observaciones porque es crucial que no haya dumping fiscal entre comunidades. Hasta el momento, no hemos recibido respuesta del PSOE”, afirmó Díaz con claridad.

La vicepresidenta también criticó el hecho de que comunidades que recibirán condonaciones están, al mismo tiempo, implementando fuertes recortes fiscales para los más adinerados, una situación que, según ella, pone una carga adicional sobre el conjunto de la ciudadanía.

Desde Sumar, se ha argumentado que la reducción de deuda debería estar vinculada a que las comunidades no reduzcan las cifras en impuestos como el de sucesiones y patrimonio. El foco está en evitar que estas deducciones comprometan la estabilidad financiera a largo plazo de las mismas.

Asimismo, proponen un mecanismo adicional para reestructurar la deuda pendiente en comunidades que enfrentan mayores dificultades económicas como parte de un enfoque más integral para asegurar su sostenibilidad financiera.

Por otra parte, Sumar también ha sugerido modificar el lenguaje del anteproyecto para reflejar una visión más orientada hacia el fortalecimiento de la autonomía financiera de las comunidades, cambiando la referencia a la "disciplina de los mercados".

Díaz ha subrayado la urgencia de atender las disparidades en la financiación regional, destacando la situación crítica de la Comunitat Valenciana, que requiere fondos complementarios para poder desenvolverse adecuadamente.

Al abordar las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la propuesta de ley, Díaz hizo hincapié en que dentro de su partido hay un reconocimiento de que la condonación de deudas es una demanda necesaria, también para los presidentes autonómicos del PP, como es el caso del gallego Alfonso Rueda.

'Feijóo puede insistir en que esta propuesta busca beneficiar especialmente a Cataluña, pero la realidad es que todas las comunidades que gestionan servicios públicos esenciales necesitan esta eliminación de deuda para poder ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía’, argumentó con firmeza.

En esta línea, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ratificó su apoyo a la condonación de deudas, pero enfatizando que resulta crucial que cualquier avance en financiación vaya acompañado de un compromiso para evitar prácticas de dumping fiscal por parte de algunas comunidades, especialmente ante el encuadre fiscal favorable que ha creado Madrid bajo la administración de Isabel Díaz Ayuso, considerada por muchos como un "gran paraíso fiscal".

Urtasun ha insistido en que no es aceptable que la mejora en la financiación se utilice para fomentar recortes fiscales a los sectores más privilegiados, reafirmando que es vital establecer un mínimo fiscal que garantice justicia en la distribución de recursos.

Por último, el portavoz mencionó la importancia de una revisión profunda del sistema de financiación, uno que está obsoleto, y destacó que desde Sumar aportan propuestas concretas en el marco del diálogo en curso para construir un nuevo modelo que reforme y mejore la situación actual.