La Comissió Ciutat-Port ha convocado una manifestación para el 31 de mayo con el objetivo de exigir que el puerto esté al servicio del interés general y no de las empresas.

VALÈNCIA, 2 May.

La Comissió Ciutat-Port ha mostrado su satisfacción por la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha anulado parcialmente la resolución que otorgaba a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la capacidad de decidir sobre la validez de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación del Puerto de València. Esta decisión judicial, según la plataforma, retrasará el proceso de licitación de las obras de la terminal de contenedores, ya que ahora será Puertos del Estado quien deba pronunciarse al respecto.

Los responsables de la Comissió Ciutat-Port han explicado en una rueda de prensa que la sentencia parcial del TSJM responde a un recurso presentado por Per L'Horta, miembro de la Comissió, contra la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Esta decisión judicial puede ser apelada ante el Supremo.

La plataforma ha destacado que la sentencia implica que el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros y en fase de licitación está incompleto y no es válido. Por ello, es necesario que Puertos del Estado se pronuncie al respecto y determine si se requiere una nueva DIA tras tantos años de modificaciones. Esta victoria judicial, según la Comissió Ciutat-Port, confirma los argumentos de la plataforma sobre las fallas del proceso administrativo desde sus inicios.

Además, la resolución del TSJM afecta la aprobación del proyecto constructivo del muelle de contenedores y retrasa la licitación a la espera de la decisión de Puertos del Estado sobre la necesidad de una nueva DIA. La plataforma ha criticado la decisión de continuar con la licitación a pesar de las suspensiones judiciales y ha anunciado que solicitarán medidas cautelares en las demás causas abiertas contra las obras y la aprobación del proyecto.

La Comissió Ciutat-Port ha convocado a la ciudadanía a sumarse a la manifestación del 31 de mayo para exigir que los puertos estén al servicio del interés general y no de las empresas que especulan con el territorio. La marcha partirá a las 18.30 horas de la Alameda y habrá charlas informativas previas para concienciar a la población.

Por su parte, desde la APV han afirmado que no cuentan con ninguna resolución judicial que paralice los trámites en curso relacionados con la nueva terminal.