Un juez exige al Ayuntamiento tomar acciones para reducir el ruido de los conciertos en la Ciudad de las Ciencias.

VALÈNCIA, 25 de marzo.

En un fallo que marca un hito en la defensa de derechos ciudadanos, el Tribunal de Instancia de València, en su Sección de lo Contencioso-Administrativo, ha decidido a favor de los residentes de dos complejos habitacionales que exigieron la protección de su bienestar frente al ruido excesivo generado por los conciertos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La sentencia, emitida el 24 de marzo, impone al Ayuntamiento la responsabilidad de implementar medidas efectivas para salvaguardar el derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral de los afectados, incluyendo la posibilidad de revocar permisos o reubicar eventos que transgredan este derecho.

El magistrado que presidió el caso subrayó que la gestión del Ayuntamiento había fallado en su deber al no garantizar un entorno de vida que respete la paz y el bienestar emocional de los ciudadanos afectados, que residen en la avenida Profesor López Piñero, justo frente al recinto donde se celebran dichos conciertos.

Como parte de la resolución, que puede ser apelada, el tribunal ordenó al consistorio compensar a cada uno de los demandantes con 3.000 euros por daños morales, considerando esta cantidad como adecuada frente al sufrimiento continuado que han experimentado, pese a la ausencia de evidencia médica que documente daños psicológicos específicos.

El fallo también hace hincapié en la necesidad de reconocer el daño moral que conlleva la exposición continua a niveles de ruido inaceptables, argumentando que las molestias y el deterioro en la calidad de vida de las personas no requieren una prueba formal de reacciones emocionales para ser validadas.

En este contexto, el juez aclara que corresponde a la autoridad municipal realizar las verificaciones necesarias para asegurar que las actividades que generan ruido cumplen con las condiciones estipuladas en las licencias pertinentes, conforme a la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, que protege contra la contaminación acústica, así como a otras normativas locales y sectoriales.

Desde el Ayuntamiento, se ha informado a Europa Press que los servicios legales están revisando la sentencia relacionada con los conciertos, la cual se remonta a denuncias iniciales desde 2018, cuando el gobierno estaba a cargo de Compromís y PSPV. Se enfatiza que la demanda se presentó en mayo de 2023, tiempo en el cual la actual administración aún no había asumido sus funciones.

Por su parte, los representantes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias han indicado que su departamento legal está en proceso de análisis de la sentencia, por lo que por el momento no están en posición de ofrecer comentarios adicionales.