El Juzgado de Instrucción número 4 de València ha decidido archivar un caso relacionado con la denuncia presentada por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias. Esta denuncia se centró en acusaciones de falsedad documental contra José María Ángel, quien se desempeñó como comisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación de daños ocasionados por la dana. La decisión del tribunal se basa en la prescripción de los hechos, que se consideran fuera del alcance legal para ser procesados penalmente.

En su resolución, el magistrado explicó que el delito de falsedad documental se consuma de manera instantánea, a pesar de que pueda tener repercusiones a largo plazo. Esta interpretación está alineada con la jurisprudencia de diversas Audiencias Provinciales, incluyendo las de Sevilla y Valencia, así como del Tribunal Supremo.

La denuncia alude a la supuesta falsificación en 1983 de un diploma en archivística y biblioteconomía. Dadas las disposiciones del artículo 131 del Código Penal, estos hechos están claramente fuera del periodo de prescripción, concluyó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en su comunicado oficial.

El juez argumentó que, sin importar si se aplica el artículo 390 o el 392 del Código Penal, ambos con plazos de prescripción de cinco a diez años, los hechos expuestos en la denuncia han sobrepasado notablemente esos límites. “Para el juzgador, los hechos denunciados habrían prescrito hace al menos 30 años”, detalló el auto judicial.

Para sustentar su decisión, el magistrado citó un auto de la Audiencia de Valencia de noviembre de 2019, que enfatiza que el carácter del delito de falsedad documental no se clasifica como permanente según el artículo 132 del Código Penal. Dicho esto, se distingue claramente de otros delitos que requieren un tiempo prolongado para su consumación.

La resolución del tribunal, que fue comunicada a las partes este miércoles, puede ser objeto de recurso tanto en reforma como en apelación, lo que abre la puerta a futuras acciones legales por parte de los denunciantes.

José María Ángel, quien presentó su dimisión el pasado 31 de julio, defendió su integridad, afirmando que nunca había falsificado documentos ni utilizado ninguno para obtener su puesto. En una carta dirigida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró haber enfrentado actitudes hostiles desde su nombramiento, señalando que estas eran intentos de socavar su reputación y trayectoria profesional.

El excomisionado mantuvo que su ingreso a la Diputación de Valencia hace 43 años fue completamente legal y normativo, así como el proceso de reclasificación que siguió. Su dimisión fue provocada por un informe de la Agencia Valenciana de Antifraude que alegaba que había falsificado un título en archivística y biblioteconomía para ingresar al sector público.