VALÈNCIA, 11 de diciembre.
El partido Vox ha presentado en Les Corts una proposición no de ley que busca de manera urgente instar al Consell a establecer acuerdos destinados a facilitar la repatriación de menores extranjeros no acompañados bajo la tutela de la Generalitat a sus países de origen. La propuesta también aboga por la implementación de un programa de retorno voluntario y reintegración para estos jóvenes.
La iniciativa, liderada por el síndic de Vox, José Mª Llanos, y el portavoz adjunto David Muñoz, solicita al Consell que fomente la colaboración con las autoridades de protección infantil de los países origen, con el objetivo de garantizar un retorno seguro y efectivo de los menores a sus familias, o, en su defecto, que se haga cargo de ellos el sistema de protección de menores de su lugar de residencia habitual.
Además, la proposición contempla cooperación con diversas entidades y organizaciones para facilitar el desarrollo del programa de retorno y se opone a las políticas que, según consideran, han promovido la llegada masiva de migrantes y han puesto en riesgo vidas humanas en el intento de alcanzar España, basándose en promesas engañosas de un futuro mejor.
Asimismo, Vox demanda el fortalecimiento de la seguridad en los centros que acogen a menores no acompañados, prestando especial atención a la protección de los trabajadores allí presentes. Se sugiere también que se refuercen los protocolos de intervención y disciplina para asegurar un entorno seguro y ordenado, al tiempo que se ofrece una atención humanitaria sin privilegios. También se estipula que los menores deben asistir a clases de español y formación básica.
En paralelo, se propone la reubicación de los centros de menores a las afueras de las zonas urbanas para evitar posibles problemas de convivencia y seguridad. Además, se solicita la publicación periódica de datos relacionados con la delincuencia vinculada a la inmigración en la Comunitat Valenciana.
Por otra parte, la propuesta instaría al Gobierno de España a deportar a aquellos inmigrantes que cometan delitos graves o que adopten conductas delictivas como estilo de vida, así como a aquellos que no muestren disposición a integrarse en la cultura local. Se contempla también la repatriación de inmigrantes que hayan ingresado al país de manera irregular.
La iniciativa aboga por una política migratoria que sea "firme, ordenada y acorde con las necesidades laborales del país", asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad del Estado de bienestar y el respeto a las costumbres nacionales.
Asimismo, se plantea la creación de estadísticas sobre la delincuencia asociada a la inmigración y una auditoría exhaustiva de las concesiones de nacionalidad recientes para prevenir fraudes. Se sugiere modificar la legislación concerniente al arraigo, priorizando el acceso a ayudas sociales y servicios públicos para los nacionales y proponiendo la remigración de aquellos extranjeros que no contribuyan a la economía nacional.
Adicionalmente, se llama al Gobierno a abandonar las políticas que puedan incentivar la llegada de inmigrantes, a establecer incentivos fiscales para la contratación de ciudadanos españoles y a suspender la cooperación al desarrollo con países que no colaboren en la gestión de flujos migratorios.
El portavoz adjunto, David Muñoz, afirmó que la diversidad multicultural se ha transformado en un desafio significativo para la población, aludiendo a situaciones en países como Francia, Bélgica o Suecia, donde han experimentado cambios drásticos debido a la inmigración masiva. "Es un problema que no se puede ignorar", declaró.
Mencionó también un aumento alarmante en los delitos sexuales en España, con un incremento notable en las agresiones sexuales con penetración durante 2025, así como la proporción de delitos cometidos por extranjeros, que representaron casi un 35% de los registrados en 2024.
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