En un contexto marcado por el Debate de Política General en Les Corts, Vox ha presentado una serie de propuestas que reflejan su agenda conservadora y su deseo de reestructurar diversas leyes y políticas en la Comunitat Valenciana. Entre sus peticiones destaca la derogación de todas las normativas sobre género e igualdad, así como la eliminación de los organismos de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que califica de ideológicos.

Ante la reciente devastación causada por la dana, Vox sugiere a la Generalitat explorar nuevas opciones de préstamo, que incluyan una parte no reembolsable. También hace un llamado a establecer ayudas directas a las empresas afectadas y a desarrollar parques en zonas propensas a inundaciones para gestionar el agua de lluvia, así como a actualizar los planes de acción contra inundaciones en la región.

En su exigencia hacia el Gobierno de España, los representantes de Vox piden que se agilicen los pagos de indemnizaciones y que se realice una evaluación justa de las mismas. Propugnan también la implementación de un sistema de predicción de inundaciones y el mantenimiento de proyectos de infraestructura, como las presas en localidades como Cheste y Vilamarxant, para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En el ámbito agrícola y medioambiental, el partido liderado por Santiago Abascal apoya la caza como un medio clave para prevenir daños a la agricultura por la sobrepoblación de ciertas especies, como el jabalí. Además, critican las normativas del Pacto Verde Europeo que consideran perjudiciales para la economía española y proponen eliminar políticas que afecten negativamente al sector primario.

Respecto al agua, proponen modernizar la infraestructura hídrica y aumentar las inversiones en sistemas de riego. Insisten en la creación de un nuevo Plan Nacional del Agua que priorice la solidaridad y el bien común, así como un Plan Nacional de Sequía que regule adecuadamente el trasvase Tajo-Segura en función de criterios técnicos.

En el ámbito económico y laboral, Vox plantea revisar la legislación relacionada con la participación de sindicatos y organizaciones empresariales a fin de evitar privilegios y asegurar la igualdad. Propugnan también la racionalización del sector público y la posibilidad de desmantelar organismos que puedan ser reemplazados por la Conselleria competente, lo que consideren que mejoraría la eficiencia administrativa.

En educación, exigen que los centros educativos públicos utilicen solo los símbolos estatutarios permitidos y defienden el derecho de las familias a elegir libremente el modelo educativo que deseen para sus hijos. Promueven la cultura popular valenciana y otras expresiones culturales, incluyendo tradiciones como las Fallas y la tauromaquia.

Asimismo, abogan por un análisis profundo de la situación sociolingüística del valenciano, con el fin de actualizar la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, asegurando que su modificación refleje la realidad lingüística de la región y garantice la enseñanza del español.

En el sector industrial y turístico, Vox demanda un plan estratégico para proteger y promover el turismo y respalda la industria cerámica valenciana. También apuestan por la energía nuclear como fuente esencial, pidiendo la prórroga de la vida útil de las plantas existentes y la consideración de nuevas instalaciones.

Por otro lado, en materia de vivienda, Vox exige medidas inmediatas para recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente y solicitarlas para quienes necesitan una vivienda de propiedad pública. También abogan por la derogación de la ley sobre el derecho a la vivienda y un endurecimiento de las penas por delitos de usurpación.

En lo que concierne a inmigración, Vox propone no financiar a organizaciones que favorezcan la inmigración ilegal y reivindica una "prioridad nacional" en la concesión de ayudas públicas, solicitando un protocolo riguroso para la identificación de ilegales bajo la tutela de la Generalitat.

Finalmente, respecto a la política social, el partido solicita una aceleración en la tramitación de ayudas y la promoción de una ley integral de protección familiar, mientras que en el ámbito sanitario, piden la derogación de la ley que regula la eutanasia y la primacía del español en el acceso a ayudas relacionadas con la vivienda, priorizando a aquellos con arraigo en España.