Alberto Ibáñez, representante de Compromís, ha enfatizado que la crisis territorial en España no se debe a la gestión fiscal, sino a un sistema de distribución que empobrece a la Comunidad Valenciana. En sus declaraciones, Ibáñez subraya la necesidad de abordar las desigualdades económicas que afectan a los valencianos frente a otras regiones del país.

En un contexto de creciente debate sobre la financiación autonómica, Ibáñez ha dejado claro que el partido no respaldará ninguna reforma que no atienda el "agravio" histórico que sufren los ciudadanos valencianos bajo el actual modelo de financiación. La formación local exige urgentemente que cualquier cambio propuesto sea justo y equitativo.

Este pronunciamiento se produce justo antes de la reunión bilateral programada entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, que podría influir en futuras negociaciones sobre la financiación, así como en el tratamiento de las distintas comunidades autónomas. Compromís está decidido a que la voz de la Comunidad Valenciana sea escuchada y considerará su voto como pieza clave en futuras decisiones.

Ibañez afirma que la Comunidad Valenciana se encuentra en una situación de "financiación singular" que ha contribuido a su empobrecimiento, a pesar de que aporta al Estado como si fuera una región próspera. Resalta que lo más urgente es abordar la brecha salarial existente, donde un valenciano percibe en promedio 1.000 euros menos que un cántabro, lo que indica un claro problema de injusticia fiscal que debe ser resuelto.

Desde la formación han recordado que el modelo actual de financiación está obsoleto desde hace más de una década y han instado al PSOE a presentar cuanto antes una solución que elimine la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, que ha llevado a una reducción significativa en la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a sus ciudadanos.

En conclusión, Compromís recalca que la clave para la cohesión y unidad en España no radica en la manera en que se manejan los impuestos, sino en un sistema justo que garantice que cada comunidad reciba lo que le corresponde de acuerdo a su población y capacidad económica, y que promueva una mayor justicia fiscal donde quienes más tienen contribuyan adecuadamente.