En una reciente operación contra el tráfico de drogas, las autoridades han desmantelado una importante red criminal en Onil, Alicante, que se dedicaba al cultivo y distribución de marihuana a gran escala. Durante la intervención, se incautaron 382 plantas de marihuana y 3,2 kilogramos de cogollos, además de una suma de 1.090 euros en efectivo y dispositivos móviles.

El Juzgado de Instrucción de Ibi ha dictado prisión preventiva para tres hombres, presuntos miembros de esta banda criminal, quienes utilizaban una vivienda en la zona rural de Onil como centro de producción de marihuana. La Guardia Civil llevó a cabo la detención tras analizar el modus operandi del grupo, que incluía el cultivo intensivo y la posterior preparación de la droga para su distribución internacional.

Todo comenzó a principios de este año cuando el Área de Investigación del Puesto Principal de Ibi inició las pesquisas que llevaron a identificar a los tres sospechosos. La vivienda intervenida contaba con un sistema ilegal de enganche eléctrico que alimentaba varias estancias equipadas con tecnología avanzada de riego y climatización, diseñada para optimizar el cultivo y permitir múltiples cosechas anuales.

Según los informes, la propiedad había estado operando desde 2019, cuando fue adquirida a través de intermediarios. Además, al menos dos de los implicados residían en la vivienda, encargándose del cultivo y de la vigilancia ante robos potenciales. Este sistema de producción contaba con la capacidad para generar hasta cinco cosechas al año, con los cogollos preparados para enviarse a otros destinos en Europa.

La intervención tuvo lugar el 16 de julio, cuando se efectuó un registro en la vivienda con el respaldo de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Durante la operación, dos de los detenidos intentaron escapar saltando a una parcela vecina, pero fueron localizados y capturados. Junto a las plantas y los cogollos, se confiscaron dispositivos para el riego y la iluminación, además de un complejo sistema de vigilancia que alertaba sobre la presencia de las fuerzas de seguridad.

Las pérdidas ocasionadas por este enganche ilegal a la red eléctrica se estiman en unos 35.000 euros para la compañía suministradora. Los tres hombres, cuyas edades oscilan entre los 27 y 31 años, enfrentan serias acusaciones por delitos relacionados con la salud pública, además de fraude eléctrico y pertenencia a una organización criminal, mientras permanecen bajo custodia judicial a la espera de juicio.