ALICANTE, 3 de febrero.

El Ayuntamiento de Alicante ha tomado la decisión de presentar una denuncia ante la Fiscalía en relación a las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en una nueva promoción edificada sobre terrenos municipales en Playa de San Juan. Esta medida busca esclarecer si algún funcionario ha incurrido en "irregularidades" durante el proceso de asignación de estas viviendas.

El vicealcalde, Manuel Villar, del Partido Popular, hizo esta declaración durante una reciente conferencia de prensa tras la junta de gobierno local. Villar subrayó que esta acción es resultado de la "falta de competencias" del Ayuntamiento para investigar a fondo el asunto.

En otro orden de cosas, se ha confirmado que Rocío Gómez ha presentado su renuncia como concejala de Urbanismo. Esta decisión se produce en un contexto en el que se han suscitado serias dudas sobre la transparencia del proceso de adjudicación. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha convocado para este jueves un pleno extraordinario en el que ofrecerá "las explicaciones pertinentes" sobre la situación actual.

Gómez anunció su dimisión tras revelarse que ella es una de las beneficiarias de dichas viviendas. La ya ex concejala destacó que su alejamiento del cargo busca garantizar que la investigación pueda avanzar de manera libre y sin obstáculos, asegurando haber proporcionado toda la documentación solicitada.

Además, María Pérez-Hickman renunció también a su puesto como directora general de Organización Interna y Gestión de Contratación Pública en el Ayuntamiento, a raíz de los reportes que indican que varios de sus familiares han sido favorecidos en el acceso a VPP.

Asimismo, la Generalitat ha iniciado un expediente administrativo contra un funcionario, debido a un visado relacionado con esta promoción, ya que es cónyuge de una solicitante y habría omitido información crucial sobre las condiciones de convivencia en las que está involucrado.