Empresarios buscan un acuerdo en el decreto de hiperregulación para retener inversiones en su región.

Los empresarios de la Comunidad Valenciana han expresado su respaldo al nuevo decreto del Consell destinado a combatir la excesiva regulación administrativa, actualmente en trámite como proyecto de ley en Les Corts. Estos líderes empresariales han hecho un llamado a la unidad política para asegurar que la implementación de esta normativa se lleve a cabo de manera efectiva y garantizada, evitando de esta forma posibles demoras en proyectos clave y la fuga de inversiones hacia otras regiones.

Este respaldo fue manifestado durante la comisión de Economía en Les Corts, donde Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), y José Vicente Morata, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, pusieron de relieve la importancia del consenso político en la fase de participación ciudadana de esta legislación.

Aprobado por el Consell a finales del año anterior, el decreto es parte de un ambicioso plan de simplificación administrativa que elimina o modifica un total de 96 normativas. Más allá de la reducción de burocracia, también establece que toda nueva regulación debe ir acompañada de la eliminación de normas redundantes. Este esfuerzo repercutirá en áreas críticas, como la concesión de licencias de construcción de viviendas y el proceso de reconocimiento del grado de dependencia.

Durante su discurso, Lafuente resaltó que la necesidad de simplificación es un mensaje clave de la comunidad empresarial y enfatizó que este cambio no solo impacta positivamente a los empresarios, sino que beneficia a toda la sociedad. "No se trata de una concesión más al sector empresarial; es una herramienta para optimizar el funcionamiento de la administración", sostuvo.

Un gobierno que adopta un enfoque de simplificación no merma su capacidad de supervisión, sino que aumenta su eficiencia y transparencia, insistió Lafuente, quien también abogó por inversiones que transformen la gestión administrativa y la creación de un "sólido servicio de inspección" que garantice su efectividad.

El presidente de la CEV, quien mencionó que los sindicatos también están a favor de la simplificación, subrayó la urgencia con la que las pequeñas y medianas empresas (pymes) requieren de estos cambios, ya que "cada demora puede traducirse en la pérdida de clientes y dificultades para acceder a financiación". Este fenómeno afecta igualmente a los jóvenes emprendedores.

Lafuente no escatimó en señalar que existen retrasos importantes en proyectos diversos, desde los urbanísticos hasta los energéticos e industriales, caracterizados por "duplicidades de informes, una falta de coordinación interadministrativa, plazos inciertos y un silencio administrativo que no ofrece verdadera certidumbre".

“La consecuencia es evidente: proyectos que pueden tardar años en llevarse a cabo o que eligen trasladarse a territorios donde encuentran un marco más ágil, lo que nos hace perder competitividad frente a otras comunidades”, lamentó, añadiendo que la hiperregulación tiene efectos negativos también en sectores como la vivienda y los servicios sociales.

Por ello, Lafuente hizo hincapié en la importancia de lograr un consenso en torno al decreto y en su eficaz aplicación, subrayando la necesidad de que no se "desvirtúe" durante el proceso participativo y se consolide como una política de larga duración más allá de los cambios de gobierno.

José Vicente Morata, por su parte, apoyó el decreto, calificándolo como "ambicioso" y expresando que es fundamental mejorarlo para que su implementación sea efectiva. Resaltó que la simplificación representa una "emergencia" para el tejido empresarial de la región, especialmente para las pymes y los autónomos, quienes son los más vulnerables a los efectos de la burocracia.

Morata lamentó el "freno silencioso" que la hiperregulación ejerce sobre el crecimiento económico, provocando retrasos que pueden durar meses o incluso años y llevando a que oportunidades valiosas se pierdan o se trasladen a otras regiones más ágiles en su gestión administrativa. Este problema es particularmente acuciante en sectores como el industrial, energético y urbanístico.

“¿Cómo le decimos a una empresa que fabrica componentes de automóviles que le llevará tres años producir algo que antes hacía en ocho o diez meses?”, cuestionó Morata, quien también tomó como ejemplo los trabajos de reconstrucción tras la dana, indicando que los recursos destinados deben ejecutarse efectivamente y no pueden faltar medios técnicos.

El presidente de las Cámaras hizo hincapié en que cualquier norma de simplificación debe cumplir con la legalidad y que es esencial sensibilizar tanto a funcionarios como a empresas sobre este tema. También subrayó la urgencia de abordar la crisis de la vivienda, un asunto social crítico que requiere "medidas necesarias" para aumentar la oferta de suelo.

En este contexto, llamó a que el decreto se convierta en "una herramienta al servicio de la sociedad valenciana", resaltando la importancia del consenso político: “Cada trámite que se simplifica representa una oportunidad ganada; cada proceso que se acelera es un empleo que llega antes; cada barrera eliminada significa obtener competitividad”, reivindicó.

Finalmente, ante el complejo panorama internacional marcado por el conflicto en Oriente Medio, Morata expresó su preocupación por la falta de un mercado único europeo que permita a la región adaptarse en momentos de incertidumbre global.

Entre los distintos partidos políticos, Mª Carmen Contelles (PP) reconoció que se trata de una ley ambiciosa que abarca casi cien normativas, aunque mencionó que no hay “ningún informe en contra” por parte de la Abogacía de la Generalitat, solo "observaciones". También subrayó que "la simplificación no es una agenda ideológica, es una cuestión económica y social".

Desde el PSPV, Ramón Abad se manifestó a favor de todo lo que implique una administración más eficiente, pero criticó que el decreto contemple medidas que pueden amenazar el territorio dentro de un modelo urbanístico que califica como "demoledor".

Aitana Mas de Compromís compartió la necesidad de agilizar la administración y de relocalizar la industria, pero se preguntó si la administración valenciana realmente está preparada para afrontar la digitalización, señalando que "estamos muy por detrás de lo que se requiere".

Por último, la diputada de Vox, Mª Teresa Ramírez, enfatizó que la simplificación es una de las prioridades de su partido y demandó "ir más allá" en este decreto, profundizando en medidas que faciliten el relevo generacional en las pymes.