Guardia Civil indaga a 25 implicados por ventas irregulares de terrenos rústicos en Mutxamel.

ALICANTE, 25 de marzo.

En un reciente esfuerzo por preservar el orden territorial y proteger nuestros espacios naturales, la Guardia Civil ha emprendido una investigación que involucra a 25 individuos en relación con parcelaciones que se consideran ilegales en la partida de Baiona Baixa, ubicada en el municipio de Mutxamel, Alicante.

Esta pesquisa comenzó en julio de 2025, cuando las autoridades detectaron indicios de actividades urbanísticas poco claras en una zona rústica que, según la legislación vigente, está clasificada como suelo no urbanizable. La información ha sido comunicada oficialmente por el Instituto Armado, que se encuentra en la primera línea de esta lucha por la protección del territorio.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Xixona realizaron un análisis minucioso del terreno, que abarca más de 12.000 metros cuadrados. Se constató que este había sido fraccionado en 14 subparcelas más pequeñas, en las cuales se habían erigido diversas estructuras, como casas móviles y contenedores, que se estaban utilizando como residencias. Este cambio de uso de tierra de agrícola a residencial se efectuó sin las autorizaciones pertinentes, lo que constituye una violación de la normativa urbanística.

La investigación, que se ha llevado a cabo durante unos seis meses, ha permitido identificar a un grupo diverso de 25 copropietarios del terreno implicado, con edades que oscilan entre 25 y 67 años. Todos ellos están acusados de haber participado en la ocupación y utilización de estas subdivisiones ilegales. El caso ha sido entregado a la autoridad judicial, que se encuentra actualmente en el proceso de instrucción.

La Guardia Civil ha enfatizado la gravedad de estas acciones, recordando que la adquisición y uso de terrenos no urbanizables con fines residenciales puede acarrear repercusiones legales, económicas y administrativas muy serias. Las sanciones pueden incluir órdenes de restauración de la legalidad urbana o incluso la demolición de construcciones no autorizadas. Además, se ha alertado sobre la falta de garantías técnicas en estas edificaciones irregulares, lo que podría derivar en problemas materiales significativos y obstaculizar el acceso a servicios esenciales como agua, electricidad o saneamiento.