En un giro decisivo en el caso que involucra a Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, la Fiscalía Provincial ha determinado que no existen pruebas suficientes para considerar que su actuación constituya una infracción penal. Este pronunciamiento se refiere a su presunta implicación en el encubrimiento de abusos sexuales cometidos por su exmarido, un educador social, contra una menor bajo su tutela.

El comunicado emitido por el Ministerio Público fue presentado ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que inicialmente procesó a Oltra y a otros catorce ex altos cargos de su departamento, siguiendo un fallo de la Audiencia Provincial que había reabierto el caso bajo la premisa de que existían indicios razonables de actividad delictiva.

El foco de este caso ha abarcado tanto el presunto encubrimiento de los abusos, como la posible manipulación de la información en un expediente investigativo que se formó una vez que el asunto ya había sido judicializado, con el objetivo de averiguar la veracidad de las denuncias de la víctima.

A pesar de que el Ministerio Público no presentará cargos en contra de Oltra ni de los demás procesados, el contexto en el que se desarrollaron los eventos continúa siendo objeto de atención. Las acusaciones han sido formuladas por grupos como Vox y la asociación Gobierna-te.

La Fiscalía ha reconstruido los hechos desde que, en febrero de 2017, la menor denunció por primera vez los abusos sufridos a manos de un educador de su centro. A raíz de estas denuncias, el exmarido de Oltra fue condenado a cinco años de prisión, una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo.

El Ministerio Público también ha subrayado que, en el tiempo de los hechos, el condenado y Oltra estaban casados y compartían vivienda, aunque su relación estaba deteriorada y culminó en divorcio en 2018. Es importante señalar que la noticia sobre los abusos llegó a la residencia de Oltra justo antes de que iniciara sus vacaciones en agosto de 2017.

Al enterarse de la situación, Oltra, según su propio testimonio, contactó a su jefe de gabinete para instruirlo sobre cómo proceder de manera cuidadosa y responsable en la protección de la menor. Tan solo unos días después, el 8 de agosto, se ordenó la creación de un expediente informativo para investigar el caso.

Las conclusiones del taller informativo fueron reveladoras, ya que la persona a cargo de la investigación determinó que el testimonio de la menor no era creíble. En ese contexto, el informe de la Fiscalía señala que no hubo, en ningún momento, directrices claras de la administración sobre cómo proceder ante la denuncia y que tampoco existía un protocolo establecido para manejar casos de abusos sexuales en ese momento.

La Audiencia de Valencia, en un fallo reciente, decidió archivar el caso de la ex directora territorial de la Conselleria de Igualdad, considerando que su supuesta participación no tenía relevancia penal. Sin embargo, el tribunal desestimó los recursos de otros seis altos cargos, manteniendo así el procesamiento de Oltra y de otros catorce exfuncionarios de su departamento.

La situación judicial ha dado un nuevo giro en junio de 2024, cuando la Audiencia volvió a reabrir la causa tras los recursos presentados por Vox y Gobierna-te. Se reafirmó la necesidad de investigar el posible incumplimiento del deber de protección a la menor en un juicio oral, donde se debatirán las circunstancias específicas del caso y la naturaleza de los cargos que se les imputan.