VALÈNCIA, 22 de septiembre. En una reciente sentencia judicial, una mujer ha sido condenada a dos años de prisión por realizar transferencias fraudulentas que totalizan 149.400 euros desde la cuenta de su esposo, quien enfrentó un agravante tumor cerebral. La decisión fue emitida por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia.

Según la información proporcionada por diversas fuentes, incluida Europa Press, el tribunal también ha establecido que la condenada deberá pagar una multa de cuatro meses con una cuota diaria de 10 euros y devolver la totalidad del dinero sustraído, con los intereses pertinentes, al patrimonio hereditario de su fallecido esposo.

La sentencia revela que la mujer y la víctima, a quien le fue diagnosticado el tumor en 2019, estaban casados bajo un régimen de separación de bienes y residían en València desde 2017. Lamentablemente, el deterioro de la salud del hombre le impidió gestionar su economía y entender la naturaleza de las transacciones financieras desde junio de 2019 hasta su muerte el 1 de noviembre del mismo año.

Aprovechando la vulnerabilidad de su pareja, la mujer realizó un total de 17 transferencias, desde el 19 de julio hasta el 29 de octubre de 2019, sin el conocimiento o el consentimiento del afectado, quien había perdido la capacidad de manejar su dinero debido a su enfermedad. Las cantidades transferidas variaban entre 900 y 15.000 euros, culminando en una última transferencia de 2.000 euros el día anterior al fallecimiento del hombre.

La Audiencia ha dejado claro en su fallo que el esposo no tenía intención de disponer de su dinero y que no pudo consentir tales movimientos debido a su estado crítico. La falta de capacidad para participar en transacciones financieras se evidenció a partir de septiembre, cuando su deterioro cognitivo se volvió más pronunciado.

La corte considera que la mujer actuó de manera deliberada y engañosa, utilizando su relación conyugal para beneficiarse económicamente a expensas de su esposo y del patrimonio que correspondería a sus dos hijos. Según los magistrados, la intervención de la acusada en las operaciones bancarias desde el ordenador de su marido fue una violación de la confianza y se tradujo en un acto de explotación inaceptable en un momento de gran vulnerabilidad.

El tribunal enfatiza que el abuso de confianza en este caso no solo implica un delito financiero, sino que también pone de relieve el devastador impacto de las enfermedades en las relaciones familiares y la necesidad de proteger a los más vulnerables en situaciones de crisis personal.