¿Por qué no podemos dejar que la justicia quede en manos de políticos aforados?

Una decena de asociaciones de víctimas de la Dana en Valencia denuncian que el aforamiento de Carlos Mazón es una maniobra para evitar la justicia. La realidad: mientras la tragedia del 2024 dejó 230 muertos, Mazón se esconde tras su escaño y no comparece en los juzgados. La impunidad de políticos aforados puede poner en riesgo que se esclarezcan las responsabilidades reales en una de las peores catástrofes de la región.

Este tipo de privilegios, con el pretexto de protección, a menudo retrasan o bloquean la justicia. La lucha de las víctimas no solo busca justicia para los fallecidos, sino también que se establezcan medidas para que no vuelva a pasar. La inacción y los privilegios políticos dejan en entredicho la igualdad ante la ley, afectando directamente a quienes más sufrieron la tragedia.

Para los ciudadanos, esto significa que si un político evita comparecer, la verdad puede quedar en el aire y las responsabilidades diluidas. La sensación de que la justicia no funciona para todos crea desconfianza en las instituciones y alimenta el malestar social. La impunidad de Mazón envía un mensaje de que algunos están por encima de la ley, algo inaceptable en democracia.

Ahora, lo que debería pasar: los afectados y la ciudadanía en general deben presionar para que la justicia actúe sin privilegios. Es fundamental exigir que el proceso continúe con transparencia y que ningún político pueda esconderse tras su cargo. La reparación y la verdad dependen de que la ley se aplique para todos por igual, sin excepciones ni favores políticos.

Este caso pone sobre la mesa una realidad que nos afecta a todos: la necesidad de fortalecer la justicia y acabar con los privilegios. La ciudadanía debe estar alerta y exigir responsabilidades. Solo así podremos garantizar que tragedias como la Dana no vuelvan a repetirse y que las instituciones funcionen con justicia y transparencia.

Lo que puede pasar ahora: las víctimas seguirán luchando por que se haga justicia y los afectados deben apoyar esa demanda. Es clave que la sociedad no se quede de brazos cruzados y exija que las leyes se apliquen. Solo así se podrá avanzar hacia una mayor igualdad y protección para todos.