PSPV critica la contratación de la pareja de Llorca, quien denuncia un ataque a su reputación.

VALÈNCIA, 26 de marzo.

José Muñoz, portavoz del PSPV en Les Corts, ha expresado su repudio ante lo que considera una falta de ética en el nombramiento de la pareja del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para un puesto como funcionaria en la Diputació de València. Muñoz califica esta situación como uno de los más graves "escándalos" en la gestión del líder del Consell, quien lleva apenas tres meses en el cargo.

En la sesión de control realizada en Les Corts, Llorca respondió a las críticas acusando al PSPV de intentar “destruirle públicamente” al enfocar sus ataques en la contratación de su pareja, con la intención de distraer la atención de otros problemas que afectan al Gobierno, así como de la gestión del Ministerio de Transportes. El presidente también subrayó que, para los socialistas, el feminismo y la conciliación solo parecen ser relevantes cuando les beneficia a ellos.

La controversia acerca de la contratación de la pareja de Llorca acaparó la atención durante la sesión, tras revelarse que esta había sido fichada, procedente de una plaza como administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), donde Llorca había sido alcalde. Con este nuevo puesto, la pareja de Llorca pasará a percibir el doble de su salario anterior. La Diputació ha defendido la regularidad del proceso, asegurando que se cumplieron todos los requisitos necesarios para el puesto.

Muñoz también argumentó que, desde la llegada de Llorca a la Generalitat, la situación en la Comunitat Valenciana no ha mejorado, señalando que los escándalos han ido en incremento desde su llegada, ya que intenta devolver a la región la "normalidad institucional" que se había perdido. Criticó específicamente situaciones como la adjudicación de viviendas de protección pública, que habrían beneficiado a miembros del PP, y la construcción irregular de la vivienda de Llorca.

El portavoz del PSPV también resaltó otros escándalos, incluyendo la investigación a Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, por la gestión de los bonos comerciales en la Diputación. Muñoz enfatizó que la relación entre Llorca y Baño, con vínculos familiares, resulta especialmente problemática, dado que Baño ahora se enfrenta a problemas legales.

Muñoz finalmente criticó el ascenso de la pareja de Llorca a una posición con un salario de 52.000 euros, superior al que recibía anteriormente, cuestionando cómo podría justificarse esta "comisión de servicios". Directamente, le preguntó al presidente si considera que las miles de personas que solicitan comisiones para cuidar de sus familias tienen menos derechos que su pareja, sugiriendo que la situación refuerza una percepción de privilegio para los políticos.

Ante estas acusaciones, Llorca evitó responder directamente sobre la contratación de su pareja y acusó al PSPV de basar su estrategia en “manipulación y mentira”, asegurando que no le concierne esa narrativa. Defendió la honorabilidad de su administración y afirmó que los verdaderos escándalos se ciernen sobre el PSOE, aludiendo a la falta de acción de algunos miembros del partido ante denuncias internas de abusos.

En un segundo turno de palabras, Muñoz volvió a la carga, mencionando la reciente investigación al alcalde de Jérica, Jorge Peiró, por presuntos delitos graves, y cuestionando la falta de acción que se tomó contra él. Insistió en que la contratación de la pareja de Llorca merece un análisis más profundo, ya que todo parece haber sido preparado para favorecerla de manera excepcional.

El portavoz socialistas se adentró en una crítica más amplia de las percepciones de privilegio y desconexión que rodean al nuevo gobierno de Llorca, describiendo la situación como un "síndrome del Palau", característico de un ejercicio del poder que desconoce la realidad social. Sugirió que Llorca solo se ha estado dando cuenta de esta desconexión en menos de tres meses de mandato.

Finalmente, Llorca presentó un documento que enlistaba las parejas de funcionarios socialistas y de Compromís que habían sido contratados durante el Gobierno anterior, tratando de desviar las acusaciones hacia su administración. Sin embargo, reafirmó que su pareja era una trabajadora con experiencia previa y que como tal, tenía derecho a solicitar la misma consideración que miles de empleados públicos que buscan mejorar su situación. Instó a no hacer juicios prematuros y admitió que los cuestionamientos en torno a su familia se deben a su rol político.

Describió un incidente reciente donde miles de valencianos quedaron atrapados debido a fallas en el transporte, sugiriendo que el verdadero enfoque debiera ser la gestión del servicio público, en lugar de atacarle a él y su familia. Concluyó sosteniendo que el PSOE mismo ha mostrado hipocresía al criticar su situación cuando han tolerado situaciones similares entre sus propios ranks.