València, 4 de septiembre. En un reciente encuentro con medios de comunicación, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, expresó su desconcierto ante la negativa del president de la Generalitat, Carlos Mazón, a aceptar la propuesta del Gobierno sobre la reducción de la deuda. España acusó a Mazón de priorizar la opinión de líderes del PP como Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, en lugar de enfocarse en las necesidades de los ciudadanos valencianos.

El secretario de Estado no dudó en criticar la política fiscal del jefe del Consell, señalando que, mientras se benefician las grandes fortunas con una caída en los impuestos, se está solicitando apoyo financiero al Gobierno. Sin embargo, enfatizó que está abierto a un debate sobre el método utilizado para calcular la carga de la deuda, indicando que el modelo aplicado de forma transparente por el Gobierno también está sujeto a revisión.

"Es comparable a cuando un banco te notifica que está dispuesto a reducir tu hipoteca. Puedes discutir lo que consideres adecuado, pero es difícil entender un rechazo a una oferta que beneficiaría al deudor", argumentó España en su intervención antes de asistir a un evento organizado por la Cadena SER, donde se encontraría con el ex president Ximo Puig.

El secretario de Estado reiteró que la decisión de Carlos Mazón no parece representar los intereses de los valencianos, sugiriendo que la misma es una obstrucción por parte de quienes buscan seguir la línea del partido a nivel nacional, en vez de servir a la comunidad autónoma.

Cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de aumentar la cantidad de deuda a condonar, España recordó que en julio ya se llevó a cabo un proceso de negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde estuvieron presentes las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Sin embargo, lamentó que en esa ocasión, todas las comunidades gobernadas por el PP optaron por abandonar la discusión, lo cual, a su juicio, demuestra una falta de interés genuino en dialogar.

Finalmente, España concluyó señalando que estas actitudes solo generan ruido y no aportan soluciones a los desafíos que enfrenta la Comunidad Valenciana, reafirmando la necesidad de una colaboración constructiva para alcanzar un beneficio real para los valencianos.